En un comunicado, la institución insular ha explicado que el concierto del servicio tendrá una vigencia de dos años, prorrogable para el mismo periodo, y que tiene como objetivo principal "velar por la persona tutelada y hacer todo lo que sea necesario para su bienestar y desarrollo integral".

Así pues, los beneficiarios del servicio son personas mayores de 16 años con discapacidad intelectual o del desarrollo, que tienen una capacidad jurídica modificada y que han sido sometidas, mediante resolución judicial, a régimen de tutela o curatela por una fundación tutelar.

En concreto, de acuerdo con el encargo hecho por la autoridad judicial competente, la entidad que realiza la actividad de apoyo a la función tutelar representa a la persona tutelada y administra sus bienes. En palabras del IMAS, se trata de "un servicio sustitutorio de la función que harían las familias o tutores".