La Delegación de Empleo y Faecta colaboran para impulsar el cooperativismo y el empleo en Cádiz

  • Representantes de Faecta se han reunido este martes con el delegado territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta en Cádiz, Alberto Cremades, para transmitir la función que desarrolla la Federación en la provincia como agente social que representa al cooperativismo de trabajo.
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EUROPA PRESS
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Según ha indicado Faecta en una nota, el presidente de la federación, Antonio Gómez Pernía, ha subrayado la labor de apoyo a la creación de empleo en la provincia apostando por la creación de cooperativas entre el colectivo emprendedor y como vía de inserción sociolaboral para personas desempleadas de todos los perfiles.

En este sentido, ha instado a la Delegación de Empleo a fomentar este tipo de sociedades y ha ofrecido el apoyo de Faecta para desarrollar estrategias provinciales de impulso al desarrollo económico de Cádiz. Para ello, Gómez Pernía ha señalado que es necesario que las cooperativas de trabajo estén presentes en los foros de decisión, aludiendo a representación en las mesas de trabajo y de concertación socioeconómica.

La delegación de Faecta también ha informado a Alberto Cremades de que cada vez hay más personas interesadas en este tipo de sociedades, especialmente tras el cambio legal que se ha producido en Andalucía por el que se pueden formar cooperativas con solo dos personas.

En 2018 la Federación constituyó 24 cooperativas de trabajo, lo que supone el 82 por ciento de las creadas en Cádiz. En términos de empleo, Faecta ha impulsado 81 nuevos puestos de trabajo en la provincia, un 17 por ciento más que en 2017, de los que el 44 por ciento son mujeres.

Por su parte, el delegado territorial de Empleo de la Junta en Cádiz ha explicado como la Consejería a la que representa en la provincia reforzará la proyección de la economía social, mejorará su productividad y modernización, así como su aportación a la creación de empleo, con medidas como el establecer criterios sociales en la contratación pública, la incorporación en las cuentas autonómicas de contrataciones reservadas a este tipo de empresas y favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral a través de las cooperativas, entre otras.

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