La Comisión Europea propuso este martes acabar con la norma que exige la unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea  para aprobar leyes que combatan la discriminación por motivos de religión, edad u orientación sexual en el club comunitario.

En su lugar, plantea aplicar la mayoría cualificada, que permitiría sacar adelante las medidas con el apoyo de un 55% de los Estados miembros (dieciséis de los veintiocho actuales) que representen al menos el 65% de la población total de la UE.

Bruselas opina que el abandono de la unanimidad "también se podría considerar en el futuro cercano para adoptar recomendaciones en el área de la seguridad social y la protección social de trabajadores".

No obstante, en la rueda de prensa para presentar la iniciativa, la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, destacó que la CE no pretende armonizar los sistemas nacionales de seguridad social y que la mayoría cualificada se aplicará solo a las recomendaciones.

"Para responder al rápido cambio en la sociedad y los mercados laborales, la UE necesitará adoptar decisiones de política social de forma oportuna, flexible y eficiente", indicó en un comunicado el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

La mayoría de las leyes en la Unión Europea se aprueba con el visto bueno de los dos colegisladores comunitarios, la Eurocámara y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros y suele dar luz verde a la legislación por mayoría cualificada.

Sin embargo, en algunas áreas de la política social aún se exige la unanimidad en el Consejo, lo que permite a un solo país vetar una ley.

Además, esas mismas materias están sujetas a procedimientos legislativos especiales en los que el Parlamento Europeo no tiene el mismo poder de decisión que los países.

Es el caso de la discriminación por motivos de género, raza, origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad y orientación sexual.

Sucede lo mismo en las áreas de la seguridad social y la protección social de los trabajadores, con la excepción de las situaciones transfronterizas.

También afecta a las condiciones de trabajo para nacionales de países terceros que residen de forma legal en la UE, la representación y defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y empleadores, además de a la protección frente a los despidos, si bien en estos ámbitos Bruselas no cree que sea necesario hacer el cambio en la actualidad.

Apunta que o ya existen leyes al nivel comunitario o, en el caso de la representación y defensa colectiva, la UE no puede aportar valor añadido a los países.

Según el Tratado de la Unión Europea, para poder pasar a la mayoría cualificada, el Consejo Europeo (los jefes de Estado y de Gobierno) debería dar su visto bueno por unanimidad, sin objeciones de los parlamentos nacionales y con el consentimiento de la Eurocámara.

Bruselas recalcó que, debido a la unanimidad, el trato igualitario sin importar la religión, las creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual no está garantizado al mismo nivel que la protección frente a la discriminación por género o raza.

Agregó que el fin de la unanimidad no supone un cambio en las competencias del club comunitario y las de los Estados miembros.

Además de en las políticas sociales, la CE ya ha planteado acabar con la unanimidad en ámbitos como la fiscalidad.