Así lo revela el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se refleja que el coste del personal contratado por Divalterra -se incluye una persona más que en los informes de UDEF y los documentos de Fiscalía- asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneración más alta alcanzaría los 153.964 euros por tres años, y la más baja 6.542 euros, únicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas -excepto esa última- son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

En el caso de los siete contratos de alta dirección analizados, los firmados en noviembre de 2015 sin conocimiento como órgano colegiado del Consejo de Administración, el informe pericial considera que se vulnera el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público por los principios rectores de acceso al empleo público de acuerdo con la igualdad, mérito, capacidad o publicidad; la disposición adicional décimo quinta de la Ley 32/2014 de Presupuestos Generales del Estado, que determina que las sociedades mercantiles públicas no podrán contratar nuevo personal salvo en casos excepcionales y los estatutos de Divalterra. Además, no disponen de informes técnicos que lo justifiquen.

En esta línea, señala que los informes emitidos por los servicios externos de Divalterra concluyen que en esas contrataciones no se dan los requisitos necesarios de las relaciones laborales de alta dirección. Igualmente, deja constancia que existe un Consejo de Dirección al margen del de Administración, al que asisten los consejeros de PSOE y Compromís, el asesor Jorge Cuerda y los entonces gerentes de Divalterra.

Asimismo, en el informe pericial se explica que Divalterra se quedó clasificada por el pleno de la Diputación en el grupo 1 -de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local- al asignársele 20 puntos por volumen o cifra de negocio, por la necesidad de financiación pública y por la actividad que desarrolla, que califica "como estratégica y esencial, sin que exista evidencia de ello".

MÁS CALIFICACIÓN DE LA QUE TOCABA

Sin embargo, según esta pericial, debería encuadrarse en el Grupo II, lo que implica un número máximo de directivos de seis y una retribución máxima anual de 35.000 -mientras que el I supone 10 y 45.000 euros de ganancia al año-.

En la clasificación de Grupo I figuran entidades como la Autoridad Portuaria de Valencia, con una cifra de negocios de 128 millones de euros en 2015; AENA, con 3.518 o la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, con 1.765 millones. Sin embargo, la evolución de los presupuestos constata la existencia de una disminución (pasa de 27,9 millones en 2015 a 22,8 en 2018), no hay incremento en cifra de negocios que avale esa contratación y su participación se limita a "tareas procedimentales".

El informe concluye que ninguno de ellos ha realizado funciones rectoras "que exigen que se rija la total vida industrial, laboral, comercial, financiera y en todo orden de negocio, lo que justificaría la existencia de una relación especial de alta dirección".

LA OPOSICIÓN, NO CONVOCADA

Sobre el Consejo de Dirección no contemplado en los estatutos y al que asisten los consejeros de PSOE, Compromís, Cuerda y los gerentes de Divalterra y que ejerce funciones de "dirección y control" de la sociedad al margen del de Administración, el informe ve como "hecho significativo que por error se convoca a un consejero de la oposición y cuando se presenta le manifiestan que no está convocado".