La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha firmado hoy la adhesión del Gobierno de Cantabria a la Mesa de Territorios de Montaña con la que se pretende desarrollar un plan de acción para intentar revertir el problema del despoblamiento rural que sufre la Comunidad Autónoma.

Tal y como ha explicado, este protocolo de adhesión supone "un importante esfuerzo común" del Gobierno de Cantabria y de los diferentes grupos de Acción Local para promover de forma cohesionada todo tipo de iniciativas orientadas al desarrollo sostenible del medio rural, la mejora del bienestar, la calidad de vida, el entorno, la actividad y el empleo, "convirtiendo a nuestros pueblos en escenarios vivos de oportunidad, equidad y modernidad".

"Hay que buscar acciones conjuntas y consensuadas contra este problema que está desangrando el interior de nuestros pueblos", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha explicado que se trata de sentar las bases y de poner en marcha "un plan de acción con compromisos que vayan más allá de lo formal, de temporalizar, de presupuestar y de que haya también un seguimiento y una evaluación.

A pesar de que "aún queda mucho por hacer", se ha mostrado confiada en lograr buenos resultados, teniendo en cuenta las medidas que tiene previsto poner en marcha la Estrategia para hacer frente al reto demográfico 2019-2025 de Cantabria y el empeño colectivo que ha despertado este proyecto en la Comunidad Autónoma.

La Mesa de Territorios de Montaña está integrada por el Gobierno de Cantabria y los grupos de Acción Local de Liébana; Saja-Nansa; Campoo Los Valles; Asón-Agüera-Trasmiera, y los Valles Pasiegos, además de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, y recoge varios frentes de actuación que se complementan entre sí.

En concreto, conseguir un diálogo de igualdad y no discriminación por el hecho territorial; proponer una nueva normativa especificada y ajustada a la realidad del territorio; promover la innovación y digitalización del medio rural; garantizar el acceso a los servicios públicos, las infraestructuras y el conocimiento; estimular la actividad económica; priorizar las zonas de montaña en la asignación de los fondos públicos que se destinan al medio rural, y la aplicación de las estrategias de desarrollo rural participativo.

La firma de adhesión se ha celebrado en el Palacio de Soñanes de Villacarriedo en el marco de la jornada 'El futuro de los pueblos de montaña: esbozando estrategias', organizada por el Gobierno de Cantabria, en colaboración con El Diario Montañés.

MEDIDAS CONJUNTAS Y CONSENSUADAS

En su intervención en la jornada, Díaz Tezanos ha defendido acciones conjuntas y consensuadas para hacer frente al despoblamiento rural que impulsen el desarrollo sostenible de las zonas de montaña y ha realizado un llamamiento a la imaginación para hacer de las zonas rurales y de montaña "espacios de servicios públicos, empleo verde, nuevas energías y objetivos prioritarios de promoción con programas europeos".

Asimismo, se ha mostrado partidaria de adoptar políticas proactivas para combatir las desigualdades, promover el empleo diverso y acrecentar la calidad de vida y los servicios de las comunidades rurales, "haciendo de la sostenibilidad su denominador común".

La vicepresidenta ha apostado por la complicidad y el compromiso colectivo para afrontar el despoblamiento rural, "uno de los retos más importantes, inquietantes y preocupantes de los próximos años" y que, en el caso de Cantabria, ha precisado, afecta al 80% de los municipios, y en especial, a los de montaña.

Un problema relacionado con los desequilibrios territoriales y el desarrollo imparable de las zonas urbanas, en las que desde hace diez años ya viven más personas que en las zonas rurales a nivel mundial, y que en el caso de España ha provocado que los 4.955 municipios de menos de 1.000 habitantes no superen el millón y medio de vecinos y vecinas, lo que supone que el 62% de los municipios sólo representen al 3% de la población.

REVERTIR EL DESPOBLAMIENTO

Ante un problema "estructural de dimensiones universales", Díaz Tezanos ha abogado por avanzar en la reversión del despoblamiento con medidas concretas como el impulso del transporte en las zonas rurales, la rehabilitación de viviendas, la atención y asistencia a las personas mayores y políticas de modernización y diversificación económica para fijar a la población joven en los pueblos de montaña.

Así, se ha referido a la 'Estrategia para hacer frente al reto demográfico 2019-2025' de la Comunidad Autónoma, y que se basa en seis ejes estratégicos transversales que involucran a las diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria a la hora de abordar cuestiones esenciales y aplicar medidas urgentes en las zonas rurales más aisladas y a las zonas de montaña.

Un documento que incluye un análisis exhaustivo y prospectivo hasta 2031 con la ayuda de un equipo de 14 personas de distintas áreas de la Universidad de Cantabria para planificar las políticas públicas que "deben revertir esta situación a medio plazo" y aportar soluciones en diversas materias.

En concreto, la prestación de los servicios públicos, hacer frente a la crisis de fecundidad y el retraso en la maternidad, así como el problema del envejecimiento desde el ámbito de la salud, la dependencia y los efectos económicos y sociales que va a tener en las finanzas públicas y en los nuevos escenarios económicos a los que se va a enfrentar Cantabria hasta 2025.

"No puede ser que vivir en el medio rural y en los entornos de montaña suponga unos costes y limitaciones y no tenga ningún tipo de ventaja en contrapartida", ha dicho Díaz Tezanos, quien se ha mostrado partidaria de impulsar de manera complementaria incentivos de diversa naturaleza, políticas cohesionadas y complicidades compartidas para satisfacer déficits de distinta índole.

Así, ha defendido el autoempleo y el apoyo al emprendimiento en el mundo rural con préstamos, avales e incentivos fiscales, así como la formación para los nuevos pobladores, además de ayudas a la rehabilitación o adquisición de viviendas y actuaciones que favorezcan sectores emergentes de empleo como el turismo rural, el del conocimiento, la producción agraria competitiva y las industrias agroalimentarias.

Igualmente, ha abogado por poner en marcha políticas de revalorización del patrimonio cultural y de la biodiversidad, la rehabilitación de parajes culturales y edificios históricos, medidas efectivas de conciliación y la mejora de los servicios sociales asistenciales, educativos, sanitarios y educativos.