Dos de los acusados de robar a una compañera de piso en diciembre de 2017 más de 640 euros de una ayuda social para estudios y dejarla atada de pies y manos en la vivienda, juzgados este martes en la Audiencia Provincial, sostienen que ese día no estuvieron en el inmueble y acusan a la víctima de presentar contra ellos una denuncia falsa.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha celebrado únicamente contra Víctor A.A.C, apodado 'El Mago', y Julio B.A.V, ya que el tercer encausado, Juan Ramón J.B, permanece en paradero desconocido y este mismo martes la Audiencia de Valladolid le ha declarado en rebeldía.

'El Mago', un ilusionista chileno que se gana la vida con magia de calle, se ha acogido a su derecho de no declarar y tan sólo ha hablado al final del juicio para declararse inocente y acusar a su antigua compañera de piso, Irene F.G, de haberle denunciado como una venganza después de que él hiciera lo propio dos meses antes por amenazas con un amigo y compañero de ésta.

El otro acusado, Julio B.A.V, también ha negado haber estado en el piso de la joven, cuya ubicación, ha añadido, ni siquiera conocía, al tiempo que ha atribuido su denuncia al mero intento de "perjudicar".

Y es que el encausado, en declaraciones recogidas por Europa Press, asegura que todo este proceso es fruto de una venganza de la denunciante a raíz de un día en el que Irene y 'El Mago' mantuvieron una discusión de pareja en casa del otro acusado declarado en rebeldía y éste echó a la joven a la calle.

"¿Usted cree que por eso me puedo inventar yo esta historia?", ha replicado la aludida, Irene F.G, al fiscal al ser interpelada por esta circunstancia. Frente a ello, la joven ha negado cualquier relación sentimental con 'El Mago' y ha ratificado la versión dada en su día a la Policía Nacional en febrero de 2018, dos meses después de que ocurrieran los hechos, circunstancia que atribuye la denunciante al temor que sentía ya que sus ladrones y captores la habían amenazado si contaba lo ocurrido.

En su relato, la joven mantiene que el día de autos, el 17 de diciembre de 2017, se encontraba durmiendo en su cama cuando 'El Mago' comenzó a llamar de forma insistente a su puerta para que saliera. Fue al salir de la habitación cuando la mujer asegura que se encontró en el salón ante los acusados, uno de los cuales, Juan Ramón J.B, el que sigue en paradero desconocido, le colocó un cuchillo jamonero a la altura del cuello y otro, Julio B.A.V, sacó una navaja de forma amenazante.

Atada de pies y manos con cuerdas, Irene vio a los acusados entrar y salir en su habitación hasta que lograron robarle la ayuda social para estudios, unos 640 euros. Aunque la dejaron atada en el piso, la joven logró quitarse las ligaduras de los pies y luego fue ayudada a liberarse del todo por otro antiguo compañero de piso, Carlos Luis R.S.J, que casualmente había acudido a hacerle una visita.

Dicho joven, al igual que otro compañero de piso, Adrián C.Ll, alias 'Chino', que acudió más tarde a la vivienda tras ser avisado por Irene, han asegurado que cuando llegaron encontraron muy nerviosa a la denunciante y fue entonces cuando ella les relató con detalle lo que acababa de ocurrir. El segundo de ellos ha precisado que cuando llegó todavía estaban las cuerdas en el suelo.

"UNA BROMA"

Entre los distintos testigos, un agente de la Policía Nacional que estuvo con 'El Mago' en dependencias policiales tras su detención por estos hechos ha explicado que en un momento dado el detenido, de forma espontánea, llegó a reconocer que él y los otros dos acusados habían atado a la víctima pero que se trataba tan sólo de una "broma" que querían gastar a su compañera de piso.

También aseguró en los calabozos que después de los hechos habían pedido disculpas a la víctima y que ésta les había propuesto olvidarse de todo si le daban mil euros.

Oídas las versiones de unos y otros, el fiscal del caso ha acordado mantener invariables sus peticiones de diez años y tres meses de prisión para cada uno de los encausados, cinco por el robo con violencia e intimidación y uso de arma blanca y otros cinco años y tres meses por detención ilegal, así como el pago de una indemnización de 640 euros en favor de la víctima.