Uno de los acusados es el que fuera Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Oviedo con el Gobierno del PP, Rodolfo Sánchez, que se enfrentaba a cinco años de prisión. El resto de acusados eran el funcionario Jefe de Modernización, Juan Ignacio Huerta, que también se enfrentaba a cinco años de prisión; y los empresarios Maximino Fernández y Marco Antonio Prieto, que se enfrentaban a tres años de cárcel.
La sentencia, que no es firme y tiene recurso de casación ante el Tribunal Supremo, considera que "el Jefe de Prensa no contrató de forma directa ni indirecta a dos periodistas, como se dice en el primer párrafo del escrito de calificación de la Fiscalía".
Considera además, entre otras cuestiones, que el objeto del proceso "trataría de alteraciones documentales y de la contratación supuestamente ilegal, responda o no a unas modificaciones del contrato que no se ha acreditado que obedeciera a conductas dolosas, pues existió un informe que dio origen a la variación del contrato", por lo que no cabría atribuir prevaricación o falsedad, pues "los errores de coordinación, no constituyen responsabilidad".
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