Según han informado fuentes del caso a Europa Press, la juez instructora Elvira Alberola ha llamado a declarar a ocho taxistas, circunscritos en un reciente atestado elaborado por la Policía Nacional si bien inicialmente la instrucción investigaba a unos doce taxistas por estos hechos.

Esta citación se ha producido tras la ratificación, el pasado 4 de marzo, de la denuncia presentada por el secretario de Organización del PSOE de Sevilla, José Muñoz, por los incidentes y protestas de un grupo de taxistas que ocasionaron la suspensión del mitin de la expresidenta de la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que el PSOE denunció ante la Policía Nacional a quienes participaron en la "violenta" protesta de los taxistas el 22 de noviembre en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) antes del acto público de Susana Díaz, que obligó a suspender el mitin para garantizar la seguridad de los presentes ante los gritos y momentos de tensión que se vivieron y protagonizaron los manifestantes reclamando una solución para el sector del taxi. Tras la denuncia y el desarrollo de la investigación abierta por los agentes policiales, se ha elaborado un atestado en el que se imputa a doce taxistas.

La investigación de estos hechos recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, al que la Policía Nacional hizo entrega del atestado en el que se imputa a doce taxistas, algunos de ellos pertenecientes a Solidaridad del Taxi y Unión Sevillana del Taxi, si bien, también hay taxistas de municipios del Aljarafe sevillano.

Por otra parte, cabe indicar que la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes de Flores, dictó una providencia, con fecha 3 de diciembre y a la que tuvo acceso Europa Press, en la que, tras recibir copia del atestado policial, solicita al Ministerio Fiscal que informe si procede unir las diligencias abiertas por los altercados en el mitin de Susana Díaz con las que ya instruye ella.

En concreto, la juez Reyes de Flores investiga los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas y supuestas coacciones para acaparar la parada de taxis del aeropuerto y en la que imputó a la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi como persona jurídica por delitos de "organización delictiva, daños y coacciones".