Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, este viernes se ha celebrado Consejo de Administración de la sociedad mixta Necrópolis de Valladolid (Nevasa) en el que Sánchez ha presentado un escrito para convocar una reunión extraordinaria para el 10 de abril.

En ella, se establece como primer punto del orden del día que el consejero delegado, titular de la parte privada de la empresa que corresponde a Ferrovial, dé cuenta de las medidas que se adopten como consecuencia de la actuación del Gerente de Nevasa en la contratación del suministro de flores, cuya primera adjudicación quedó anulada por la presunta violación del secreto de una de las ofertas.

También se propone, como segundo punto del orden del día, en el caso de que la empresa no asuma medidas contra el gerente, la posible avocación de la competencia para despedir y contratar personal de la empresa, que actualmente recae en la parte privada.

Se plantearía el retorno de esa competencia al Consejo de Administración, de forma que en una siguiente reunión se pudiera llevar a cabo el despido y aprobar las bases para la selección de la futura Gerencia.

María Sánchez, al terminar el Consejo ha recordado que la competencia en materia de personal está delegada en la parte privada y por lo tanto se le requiere a ella que un hecho como el relatado debe tener como sanción el despido.

"De no procederse de esta manera por la parte privada cabría la posibilidad de avocar esa competencia para votar en el propio Consejo el despido", ha considerado, si bien ha matizado que cree que no se llegará a esa situación porque la empresa asumirá la destitución.

Por otra parte, la edil ha agradecido al representante del Partido Popular en el Consejo que "haya admitido que el segundo proceso llevado a cabo por Nevasa tras la anulación por parte de la Concejalía de Medio Ambiente de la primera licitación se ha realizado a través de licitación electrónica, lo que no genera ninguna duda sobre el mismo y asegura un proceso limpio".

María Sánchez celebra esta manifestación, ya que interpreta que en una rueda de prensa convocada por el Grupo Municipal Popular el pasado 26 de marzo se llegó a decir que había "sospechas de corrupción".

Por otra parte, en el propio Consejo, el representante del Partido Popular ha manifestado sus dudas sobre los plazos para proceder al despido.

Ante ello, el equipo de Gobierno quiere aclarar que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 60, se establece que las faltas muy graves prescriben a los 60 días desde que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, algo que ha tenido lugar hoy de manera formal. En todo caso, a los 6 meses de haberse cometido, por lo que si la licitación se llevó a cabo en noviembre habría margen hasta el mes de mayo.