El ministerio público argumenta -en su escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de València, que se ocupa del caso- que "no ha quedado acreditada la perpetración de hechos de carácter delictivo" ni por parte del expresidente de Feceval José Manuel Boquet ni por la propia entidad.

El pasado mes de febrero, el Juzgado número 3 de València dio por finalizada la instrucción y pidió pronunciamiento a las acusaciones. Aunque en agosto de 2017 el juzgado decidió sobreseer provisionalmente la causa -al considerar que existía un contrato laboral "válido", no simulado, aunque los servicios se prestasen en la federación y de que el fiscal pidiera el archivo y pasar el caso al Tribunal de Cuentas-, la Audiencia de Valencia ordenó reabrirla en noviembre de aquel año, tras estudiar el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat.

En contestación al requerimiento del juzgado, la Abogacía de la Generalitat ha presentado un escrito de acusación en el que pide cárcel para José Manuel Boquet y para el ex director gerente de Feceval y, además, una indemnización conjunta y solidaria de estos dos exdirectivos y de Feceval de unos 758.000 euros.

Por contra, el fiscal -como ya hizo en 2017- insiste en pedir el sobreseimiento. En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, asegura que de las diligencias de prueba practicadas "queda acreditado que por parte de la Conselleria de Educación se pagaron a determinados profesores de centros concertados en concepto de nómina determinados importes hasta el año 2014 mientras desempeñaban su función laboral en la patronal Feceval".

Este pago, apunta, "estaba avalado por un convenio para el desarrollo de la formación del profesorado que estuvo vigente hasta 2010, sin embargo el pago continuó hasta 2014 porque entendieron implícitamente prorrogado el convenio".

NO HUBO ENGAÑO A LA ADMINISTRACIÓN

El fiscal añade en sus alegaciones que "los pagos efectuados a Feceval no se realizaron con engaño a la administración", según se deriva de la propia declaración de los funcionarios en fase de instrucción, y "por el contrario conocían perfectamente el concepto y forma en que se realizaban los pagos".

"De hecho -continúa- de la documentación aportada por la Conselleria de Educación resulta que los pagos a Feceval se llevaron a cabo por el sistema de subvención nominativa de 2010 a 2015 sin acreditar la Conselleria por desconocer los motivos (según las propias palabras del informe de la administración autonómica) el porqué pasaron de pago delegado a subvención".

Fiscalía también cree acreditado que Boquet no cobró en concepto de coordinador, sino como docente de un colegio concertado, así como la labor de los docentes que realizaban la función de formación. Por todo ello, pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

CONSELL: "CONSECUENCIA DE LAS MALAS PRÁCTICAS DEL PP"

Por su parte, fuentes del Consell han manifestado que este procedimiento es "consecuencia de las malas prácticas" en la etapa del anterior gobierno del PP.

El problema de fondo, aseveran, es que la patronal de la concertada es "una víctima más de las malas prácticas de los gobiernos del PP". "Si de lo que se trataba era de ayudar a la patronal, el Consell del PP tendría que haber buscado una fórmula legal, no haberlos embarcado en prácticas absolutamente anómalas que los han abocado a la actual situación", apostillan.

Desde la actual administración autonómica argumentan que "como en otros tantos asuntos en los que el Consell del PP enfangó a entidades de las sociedad civil y a muchas empresas, los anteriores responsables de la Generalitat buscaron atajos a la legalidad".

Sobre el escrito de acusación presentado por la Abogacía señalan que es "coherente con lo señalado por la Audiencia Provincial de Valencia en el auto por el que se denegó el sobreseimiento de la causa" al apreciar indicios suficientes de la comisión de posibles delitos.