La Abogacía de la Generalitat pide cárcel para los que fueran presidente y director gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), José Manuel Boquet y Víctor Villagrasa, respectivamente, en la causa sobre presuntas contrataciones irregulares de personas que habrían cobrado por una labor docente no realizada con cargo a la Conselleria de Educación -durante anteriores mandatos del PP- pero que realmente realizaban tareas para esta patronal de la concertada.

En concreto, la Abogacía -en su escrito de acusación presentado al Juzgado de Instrucción número 3 de València y al que ha tenido acceso Europa Press- pide que se abra juicio oral al considerar que ambos exdirectivos pueden haber incurrido en fraude de subvenciones en concurso medial con un delito de falsedad documental por lo que pide una pena de tres años de cárcel y una multa del triple de lo defraudado. En el caso de calificación subsidiaria, apunta a un posible delito de estafa, que llegaría a una pena de seis años de prisión y multa de 19 meses.

La Abogacía incluye también en su escrito de acusación a Feceval como persona jurídica y propone para la entidad multa y la pérdida de la posibilidad de poder obtener subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales, así como de contratar con las administraciones durante tres años. La representación de la administración reclama asimismo que todos los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Generalitat con la cuantía de 758.309,08 euros.

El pasado mes de febrero el Juzgado número 3 de València dio por finalizada la instrucción. Aunque en agosto de 2017, el juzgado decidió sobreseer provisionalmente la causa -al considerar que existía un contrato laboral "válido", no simulado, aunque los servicios se prestasen en la federación y de que el fiscal pidiera el archivo y pasar el caso al Tribunal de Cuentas-, la Audiencia de Valencia ordenó reabrirla en noviembre de aquel año, tras estudiar el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat.

Ahora, la administración autonómica sostiene que cinco trabajadores que desarrollaban su jornada habitual en la sede de Feceval cobraron su salario de los presupuestos que la Conselleria de Educación dedica al pago de las nóminas de los profesores y maestros de los centros educativos privados concertados. Apostilla que el abono de estos salarios con cargo a fondos públicos, "lejos de ser una simple irregularidad administrativa o formal no tuvo amparo legal, convencional ni contractual alguno y, además, supuso una desviación de fondos públicos hacia intereses particulares".

En este sentido, recalca que mediante el llamado pago delegado la administración solo puede sufragar los costes salariales de los profesores que imparten enseñanza en el centro concertado y que la normativa reconoce la obligación del titular del centro de facilitar las nóminas o contratos de los profesores.

"Resulta obvio -asevera- que el precepto impone al titular del centro la obligación de facilitar solo aquellas nóminas que se refieran a profesores que imparten enseñanzas en unidades concertadas del propio centro. Pese a lo expuesto, con cargo al pago delegado se abonaron salarios y cotizaciones sociales de trabajadores que no realizan función docente alguna".

UN ADMINISTRATIVO, UN ÁRBITRO, UNA ABOGADA Y UN ASESOR

Entre ellos figuraba -según la Abogacía- el propio José Manuel Boquet; un administrativo de un colegio concertado que "sin explicación alguna pasó a ser contratado como profesor y a trabajar en Feceval"; un exárbitro de fútbol que, según declaró en su testifical, "jamás dio clase"; un asesor jurídico de Feceval; y una abogada que testificó "no conocer ni siquiera el colegio y no haber impartido más clases a alumnos que las del CAP en otro colegio". Estas cuatro últimas personas, de acuerdo a un informe de 6 de junio de 2017 de la Intervención, cobraron 758.309,08 euros entre 2004 y 2014.

Para la Abogacía, "se suscribieron contratos en los que se faltaba a la verdad en la categoría profesional, la dependencia empresarial, el lugar de desempeño o centro de trabajo y, sobre todo, en las funciones yatribuciones a desempeñar por el empleado".

"Por ello, los gastos de salarios y cotizaciones a la seguridad social de los cuatro contratados y del presidente de la Federación nunca debieron ser pagados con cargo a fondos presupuestarios, obteniendo así Feceval, un beneficio ilícito equivalente a estos costes", agrega.