Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha presentado este martes un proyecto de 'Ley de Igualdad Lingüística' que lleva más de cuatro años trabajando con las universidades públicas valencianas y que busca garantizar la "no discriminación" de ningún ciudadano por el uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat, con el objetivo de revertir el "desuso y subordinación" del valenciano.

La propuesta va más allá de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) -una norma que después de 35 años de aplicación consideran "obsoleta e insuficiente"- para plantear un "nuevo modelo lingüístico" con una serie de medidas concretas.

Entre ellas, plantea dar un "tiempo prudencial" a empresas, servicios y comercios para que puedan atender a los valencianoparlantes "sin hacerles cambiar de lengua". No se trata de que tengan que contestarles en la misma lengua sino de que, "al menos, les entiendan".

También proponen pruebas en la oposición o de promoción para el acceso a la función pública de que demuestren la competencia de hacer las tareas del puesto de trabajo en las dos lenguas oficiales. "No con un certificado que a menudo se ha convertido en un trámite administrativo que se hace y se archiva, sino con un ejercicio real como en cualquier otra habilidad".

La eliminación de la exención de la asignatura del valenciano en las zonas de predominio de castellano es otra de las propuestas del proyecto. Mientras en las zonas de predominio lingüístico se estudia siempre el castellano, no ocurre lo mismo a la inversa, apunta el texto, que avisa de que al eliminarse el valenciano se "quitan oportunidades laborales" a los estudiantes.

Asimismo, el proyecto quiere "superar definitivamente el conflicto onomástico y señala la equivalencia del valenciano/catalán, tal y como figura en los estatutos de las universidades públicas y "avala" la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo.

Así lo han avanzado este martes, el secretario de ACPV, Toni Gisbert, el jefe técnico del Servicio de Política Lingüística de la Universitat de València (UV) y el jefe del Área de Recursos Lingüísticos de este servicio, Alfons y Francesc Esteve, en un encuentro informativo para presentar un proyecto que aseguran "no tiene connotación política, ni derechas ni de izquierdas" y se han mostrado dispuestos a "consensuar si excluir a nadie".

El texto establece también el concepto de 'comunidad lingüística' y orienta a la hora de ser beneficiarios de los medios de comunicación, servicios, productos culturales y de ocio que provienen del resto de la comunidad lingüística, y abrirla a los medios

producciones valencianas para que puedan ganar en proyección y rentabilidad y multiplicar el mercado potencial.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA IGUALDAD LINGÜÍSTICA

La propuesta prevé la creación de una 'Comisión de Seguimiento de la Igualdad Lingüística', conformada por especialistas independientes que, como personas de reconocido prestigio y externas al gobierno, puedan asegurar la independencia de criterio y la continuidad más allá de los cambios políticos, señalar incumplimientos y puntos a reforzar.

Y es que "los resultados deben guiar la ley y su aplicación. Si se consiguen será útil, si no, habrá que rectificar". En el caso de la LUEV, ha ejemplificado Francesc Esteve, la norma de 1983 ya resulta "insuficiente", ya que el conocimiento y uso del valenciano ha sufrido un retroceso "preocupante": "Hemos bajado del 61,1% de la población valenciana que sabía hablar valenciano en 1992 al 50,9% en 2015, y del 83,2% que lo entendían se retrocede al 72,4%", ha señalado. Aunque a partir de 2015 se produce un "repunte".

"La enseñanza en valenciano solo llega al 30% de los estudiantes no universitarios y de seguir este ritmo de crecimiento, tendríamos que esperar hasta 2094 para llegar al 50%", ha asegurado.

Según el experto, la LUEV "no fija obligaciones ni garantiza el uso", sino que "apela a la buena voluntad y al fomento". Por el contrario el proyecto de 'Ley de Igualdad Lingüística' establece "derechos, obligaciones y deberes" para evitar la discriminación, inspirándose en la Ley de Política Lingüística catalana o en la ley LGTBI aprobada recientemente en Les Corts Valencianes.

Los mecanismos para garantizar que "no se discrimine" a nadie por razón de lengua, -al igual que por razón de sexo, raza, origen o religión- irían desde medidas de positivas e incentivos, hasta las posibles sanciones que se determinen por incumplimiento de la norma. En todo caso, "no estamos cerrados a buscar soluciones en los trámites parlamentarios", ha apuntado Gisbert.

"EN POSITIVO FRENTE AL CHANTAJE DEL MIEDO"

El secretario de ACPV ha resaltado que se trata de una propuesta "en positivo para resolver un problema de discriminación" de la población valencianoparlante y ha asegurado que trabajarán para buscar "consensos" y "debatir sin ningún tipo de exclusión".

Así ha invitado a la "derecha plural" a "entrar en el siglo XXI" y debatir "sin amenazas ni descalificaciones" sobre propuestas concretas. "Nosotros somos suficientemente maduros para sentarnos en una mesa y hablar. ¿Y ellos?", se ha preguntado.

A su entender "en campaña electoral es el momento de no tener miedo a plantear propuestas con base", como esta. "En el mundo que viene o ya estamos malamente quien tenga miedo de hacer propuestas en positivo y ceda al chantaje del miedo, que al final es una minoría pero ruidosa", ha advertido.

"SE HA ACABADO LA PERSECUCIÓN DEL VALENCIANO"

El secretario de ACPV ha aprovechado para hacer "balance agridulce" de legislatura. Por una parte, ha celebrado que "se ha avanzado" porque "se ha acabado la persecución del valenciano, tras más de 20 años, en todos los ámbitos" y "se han iniciado algunas primeras medidas positivas" como la ley del plurilingüismo, el decreto de la ley de usos, la puesta en marca de À punt o que el Gobierno valenciano use públicamente el valenciano.

Sin embargo, Toni Gisbert ha lamentado "obstáculos" como un "uso político traducido en una judicialización permanente por parte del PP".

Además ha lamentado que hay cuestiones que han quedado "pendientes" y que considera "incumplimientos" por parte del Consell: la reciprocidad entre las emisiones de TV3 y À punt -que contaba con acuerdo unánime de Les Corts de la etapa del PP-, establecer la competencia lingüística en la función pública -tras el acuerdo sindical de 2016- y avanzar en la colaboración con el Institut Ramon Llull.