Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre el informe emitido por el citado órgano sobre la actividad contractual sujeta a la ley de contratos del sector público realizada por el Consistorio jiennense en 2016 y en el que se determinan "incumplimientos" que apuntan a que "la gestión de la actividad contractual llevada a cabo por el Ayuntamiento de Jaén no resulta conforme con la normativa que le es de aplicación".

Márquez ha aludido a "una sentencia del Tribunal Supremo de 2006 que te dice que el órgano supremo para determinar las irregularidades o no desde el punto de vista judicial o civil o de derecho son los tribunales ordinarios de justicia", de manera que "no son ni los tribunales de cuentas ni las cámaras de cuentas".

"Su fiscalización es a efectos contables y ahí tienen la máxima jurisdicción. Pero, desde el punto de vista de la legalidad ordinaria de las cosas, son los tribunales de justicia. Y esas cuestiones que se están diciendo, curiosamente, nadie las ha recurrido. Es decir, que la Cámara de Cuentas en derecho sabe lo mismo que yo de física y química. Es decir, puede dar las mismas lecciones", ha declarado.

Por otro lado, el alcalde ha apuntado que el dictamen "está hablando de unas cuestiones muy antiguas", de 2016, en las que se alude, por ejemplo, a las situaciones de prórroga en el contrato de FCC, de recogida de residuos y limpieza viaria, "cosa que está resuelta".

También se ha referido a "cuestiones de contratos menores", que "ni nadie ha recurrido ni nadie se ha sentido ofendido ni nadie ha demandado ni nadie ha hecho nada". "Probablemente, venían como consecuencia de la implantación de la nueva Ley de Contratos en las administraciones públicas, donde en todo ese ínterin todas las administraciones hemos torpeado un poquillo y ya prácticamente no se produce ningún tipo de cuestión de esa naturaleza".

El regidor se ha detenido, igualmente, a la concesión del servicio de autobús urbano a Castillo, sobre la que ha dicho que, "si está, es por un acto del Ayuntamiento" de 1961, por lo que "prácticamente llevan casi 60 años aquí".

"Independientemente de cuál sea su situación jurídica, y con numerosos procedimientos judiciales que en medio ha habido también a lo largo de todos estos años -que si se reclama dinero, no se reclama dinero, que si el autobús nocturno, que si no sé qué no se cuánto-, decir que no hay una concesión o decir que está ahí no se sabe cómo me parece un poco rigor por parte de la Cámara de Cuentas", ha comentado Márquez no sin insistir en que es "un poco arriesgado".

Con respecto a este servicio, el informe recogía que ha sido objeto de diversas prórrogas y ampliaciones del plazo de vigencia, la última hasta el año 2036. Una forma de actuar que "está impidiendo de facto la convocatoria pública de la licitación", apreciándose en ello "la vulneración de principios sobre los que pivota la contratación pública".