El Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander celebrará este martes 26 de marzo, a las 9 horas, el juicio a la exalcaldesa de Santoña, la socialista Puerto Gallego, y ocho concejales de su equipo de gobierno, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el fraccionamiento de contratos durante su mandato, entre los años 2003 y 2009.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, por aprobar por unanimidad el pago de una serie de facturas pese a que conocían los reparos de los interventores.

Se trata de la misma pena pide el Partido Popular, que se sumó a la acusación a raíz de la denuncia presentada en el año 2009 por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pila, por la que se inició el proceso, y que reclama, por su parte, nueve años de inhabilitación para los nueve imputados.

Junto a Puerto Gallego están también acusados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Estos dos últimos, que han sido concejales del PSOE en la presente legislatura, presentaron su dimisión en noviembre, cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral.

El vista se celebrará una década después de la denuncia planteada por Calle Pila, que años después provocó la dimisión de Puerto Gallego como diputada nacional del PSOE cuando el caso llegó al Supremo por su entonces condición de aforada.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial de Cantabria

decidió mantener la imputación contra Gallego y su equipo de gobierno por presunto delito de prevaricación por la contratación de servicios sin seguir el procedimiento legalmente establecido, aunque estimó parcialmente el recurso presentado por éstos al considerar que no podían ser juzgados por irregularidades en el pago de horas extraordinarias, como apuntaba la jueza instructora, titular del Juzgado número 2 de Santoña.

En su escrito, el fiscal explica que Gallego y los ocho miembros de su equipo de gobienro, "con el fin de eludir el cumplimiento de la normativa, omitiendo la incoación del adecuado procedimiento de contratación, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y violando también la legislación básica sobre necesidad de existencia de consignación presupuestaria previa para la realización del gasto", procedieron a aprobar el abono de diversas facturas emitidas principalmente por cuatro empresas.

"Y ello pese a tener pleno conocimiento de la legislación administrativa que quebrantaban a través de los reiterados y expresos reparos que en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras emitieron los sucesivos interventores", añade el Ministerio Público.

Por todo ello, les considera autores de un delito de prevaricación continuada, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, y solicita para cada uno de ellos la citada condena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.