Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona seguirán nuevas pautas cuando tengan que enfrentarse a individuos en estado de agitación psicomotora que no vayan armados, con el objetivo, sobre todo, de protegerles, pero también de minimizar los riesgos que puedan comportar para otros. A partir de abril, en la capital catalana, actuarán conforme a un protocolo que tiene en cuenta criterios médicos para no dañar a estas personas y que apuesta por reducir al máximo el uso de la fuerza. Lo han firmado este jueves ambos cuerpos policiales, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el Consorcio Sanitario de Barcelona, la Sociedad Catalana de Psiquiatria y Salud Mental y la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias, que actuarán coordinadamente.

Uno de los principales objetivos, ha apuntado Gil García, agente de la Urbana, es "minimizar el estrés" de quienes se encuentran en este estado. Por ello, se intentará primero contenerles mediante la interacción verbal y si esto no da resultado y se tienen que aplicar medidas de contención física, estas serán lo más suaves posible. Para ello, se evitarán, por ejemplo, los golpes y ahogos traqueales, o se contendrá el tronco de la persona con la mínima compresión torácica.

La firma del protocolo, que se extenderá a toda Cataluña el año que viene, se ha producido después de que el martes agentes de los mossos dispararan cuatro veces con su arma de fuego en partes no vitales a un hombre con transtornos mentales que les atacaba con un cuchillo -según las primeras hipótesis- tras fallar dos veces la pistola eléctrica. Sin embargo, el intendente de la policía catalana Josep Saumell ha asegurado que este "no era aplicable" en ese caso y ha añadido que no puede hablar más de la actuación "porque está judicializada".

Esta nueva hoja de ruta ha sido diseñada para neutralizar a personas "que no vayan armadas" y "estén en un entorno controlado" pero que requieran "asistencia médica para tranquilizarse", ha señalado Saumell. En situaciones diferentes, ha explicado, el protocolo no será aplicable y la policía podrá seguir usando otros métodos de control, como proyectiles foam, pistolas de corriente eléctrica (taser) o porras extensibles.

"Cuando no hay manera de que la persona contenga su actitud, alguien tiene que hacer esa contención" y "habrá veces que necesitemos usar otros medios", ha dicho.

El plan deja claro que, a priori, quien tiene las riendas de la situación frente a una persona con alteración psicomotora es el personal del SEM, que el pasado año atendió 1.500 casos de este tipo -cuatro al día-, un 0,5 % de los atendidos por el organismo.

"Son casos con prevalencia baja pero, cuando se presentan, la resolución es altamente compleja y tiene que ser coordinada porque el riesgo cero no existe", ha afirmado el responsable territorial del SEM, Jesús Cabañas.

También ha dicho que estas personas deben ser tratadas en todo momento como "pacientes" y que no existe un perfil concreto porque "cualquiera puede sufrir un episodio de agitación exacerbada", ya sea por desórdenes mentales, por el uso de drogas o por una situación de estrés.

Otra de las novedades es la coordinación con los hospitales, donde se activará una línea telefónica concreta para que se les pueda alertar cuando los agentes necesiten llevar allí a una persona con agitación psicomotora y puedan preparar unas pautas farmacológicas adaptadas a la situación.