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Según ha indicado en una nota, la Secretaría General de Pesca designó una comisión de evaluación para la concesión de éstas "y dice no tener certeza de la parada de la flota durante los 30 días que eran preceptivos, lo que les lleva a denegar las ayudas a estos barcos y por ende a sus tripulantes".

Así, han calificado la resolución del Gobierno de "injusta", ya que "la propia administración es consciente de que esa parada se produjo en siete de los ocho barcos, pues incluso existieron notificaciones de que esos barcos estaban desde un día antes del 14 de julio, fecha a partir de la que se contaba para la finalización del acuerdo, y el rol o licencia de pesca fue depositada en la oficina de distrito de Barbate, perteneciente a la Capitanía Marítima de Cádiz".

A juicio de la organización, "esta situación debe ser más que suficiente para tener derecho a las ayudas que, tanto a toda la marinería como a los armadores, han sido denegadas, ya que la resolución de los marineros depende de la resolución de los armadores".

"Si la caja azul no es suficiente para demostrar la paralización de nuestra flota, existe un medio de control de la misma, que son las cajas verdes, con mayor precisión que las propias cajas azules, y que en colaboración de las distintas administraciones podrían haberlo confirmado pidiendo informe a la Dirección General de Pesca y Acuicultura, que hubiese estado dispuesta a dar dicha información", ha explicado.

Finalmente, ha anunciado que van a reclamar mediante los procesos administrativo a que haya lugar, ya que han indicado que el derecho les ampara, "toda vez que incluso el propio Real Decreto es posterior a la paralización que la flota llevó a cabo y que se realizó por la misma"."Las ayudas están para el sector y no para que se busquen las formulas de manera torticera negándoseles cuando se tiene derecho", ha concluido.

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