El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha propuesto en su Plan de Fiscalización para 2019 nuevos informes en materia de política social, tal como ha explicado este jueves su presidente, Mario Amilivia, quien ha comparecido por primera vez en las Cortes desde su elección para presentarlo.

El plan -refrendado con los apoyos de PP y PSOE, la abstención de Cs e IU-Equo y el voto en contra de Podemos-, incluye entre las fiscalizaciones de mandato legal, este año se incluye la fiscalización de la contabilidad electoral como consecuencia de las elecciones a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán en el año 2019.

En relación con las fiscalizaciones especiales, el proyecto contempla varias auditorías de regularidad tanto en su vertiente financiera como de cumplimiento de legalidad, y ello sin olvidar otras actuaciones de carácter operativo.

Asimismo, se plantea un programa de trabajo "muy amplio" en el que destacan nuevas fiscalizaciones en materia de política social, como el análisis del cumplimiento de la Ley de Dependencia y de la normativa relativa a la inclusión en la contratación de las cláusulas sociales en el ejercicio 2018, así como la eficiencia de las políticas activas de empleo. En el ámbito local se plantea el análisis de la aplicación por parte de las entidades locales de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación.

Dentro del ámbito autonómico, además de las mencionadas, se incluye la fiscalización de la situación económico-financiera de la Universidad de Salamanca y el análisis de los convenios celebrados por la Comunidad.

En relación al sector público local, se continúa con el trabajo ya iniciado en ejercicios anteriores de fiscalización de capitales de provincia, incorporándose el Ayuntamiento de Salamanca.

Además el proyecto incorpora, en el marco del fomento de la rendición de cuentas de las entidades locales, el análisis de la situación de la cobertura de plazas de funcionarios con habilitación nacional y la fiscalización de los servicios de asistencia técnica de las diputaciones provinciales en la rendición de las cuentas de los pequeños municipios.

Por último, y en relación con el sector local, se incorpora al Plan el estudio de la gestión recaudatoria de las entidades locales de Castilla y León desde el punto de vista de la eficacia.

En colaboración con el Tribunal de Cuentas figuran tres fiscalizaciones como son la aplicación de la normativa en materia de dependencia, la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León y expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018.

OPOSICIÓN

Durante su turno de intervención, los grupos de oposición han reclamado más fiscalización por parte de este Consejos en asuntos como la gestión y construcción del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) o las presuntas irregularidades en la compra por parte de la Junta del inmueble conocido coloquialmente como la 'Perla Negra' de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

En concreto, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel ha ironizado con que este Consejo "prefiera fiscalizar la contabilidad analítica de las universidades que la contratación por parte de la Administración", al tiempo que ha reclamado "más ambición" a este organismo para que "no se conforme con fiscalizaciones burocráticas", al hilo de lo cual el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo), ha recalcado que "ninguna fiscalización sobra".

Por su parte, el parlamentario de Podemos Félix Díez ha justificado el voto en contra de su grupo a este plan, el cual "se parece mucho a los de 2015, 2016 y 2017" y "menos al de 2018", el cual "fue muy ambicioso". Asimismo, ha reclamado "más medios y dotación presupuestaria" para que pueda ser "un órgano independiente" y un cambio en el método de elección de sus componentes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín ha constatado la "tarea pendiente" que asume Amiliva tras lo que considera como "dejación de funciones" de su antecesor, Jesús Encabo, en el último año, sin comparecer en las Cortes en ese tiempo y con 20 informes pendientes, según ha criticado.

Sobre este punto, el nuevo presidente del Consejo ha animado a los procuradores a aprobar una reforma legal que establezca un "plazo reglado" para evitar la "discrecionalidad" en las comparecencias, al tiempo que ha mostrado su "disponibilidad" para acudir ante la Cámara en próximas fechas".

También ha expresado Amilivia su voluntad de "abordar todas las fiscalizaciones", a pesar de que José Francisco Martín ha puesto en duda la intención de este Consejo de "no tocar algunos temas" como puedan ser "los casos de corrupción".

Por último, el procurador del Grupo Popular Salvador Cruz ha abierto la puerta a incluir en el plan la fiscalización de ayuntamientos de tamaño intermedio o del sector público, pero ha censurado las críticas "poco elegantes" del PSOE hacia el anterior presidente, el cual "no está para defenderse" y ha advertido de la imposibilidad de satisfacer en un plan de fiscalización "las pretensiones de todos los partidos".