El objetivo, según ha explicado Luengo, es dar respuesta a una petición de los vecinos para que las mediciones no solo se realicen por estación del año, "sino durante todo el año, ya que planteaban que en una misma estación podía haber días muy diferentes". Dicho estudio, que se está llevando a cabo a través de investigadores de la UPCT, comenzó a realizarse en noviembre de 2018.

Durante su comparecencia, el director general también ha manifestado que desde el Gobierno regional van a crear

una hoja de ruta para alinear las actuaciones de las administraciones con el objetivo de identificar y minimizar los riesgos en la zona. En ese sentido ha aludido al plan de recuperación ambiental que contempla el PRASAM que permitiría conocer los suelos afectados.

Ha indicado que el PRASAM contempla 30 medidas a aplicar en un periodo de 10 años, y que entre ellas destacan los estudios científicos "y que se puedan tomar decisiones de manera responsable", así como evaluar los flujos de níquel, cobre, zinc, arsénico, cadmio y plomo.

Además, ha apuntado que los vecinos han pedido actuaciones en los perímetros de las zonas afectadas, pero según ha dicho el problema está en que esas zonas "tienen propietario", por lo que han pedido a los propietarios que les ayuden a hacer evaluaciones allí "para poder actuar lo más rápido posible, debemos intentar encontrar esa colaboración público-privada a la que hace referencia el PRASAM".

En ese sentido ha apuntado que "lo ideal" sería conocer el tipo de uso que hay que darle a las zonas colindantes de los pueblos y establecer zonas verdes que puedan retener la distribución de metales pesados del suelo.

Por parte de los grupos parlamentarios, el popular Víctor Martínez-Carrasco ha asegurado estar "convencido" de que se está actuando con base en criterios técnicos y científicos y ha añadido que en la ponencia se ha acordado intentar sacar las conclusiones antes de fin de mes.

El diputado de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, ha aludido a que el problema se encuentra en la identificación de si los suelos son mineros o contaminado. "Es muy difícil exigir responsabilidades", ha dicho informando de que ellos mismos se habían puesto en contacto con Portmán Golf para que compareciera en la Asamblea y se declinó el ofrecimiento.

Desde Podemos, Andrés Pedreño, ha manifestado que el PRASAM "no tiene validez jurídica" mientras no exista una declaración de suelos contaminados por lo que no se puede exigir a Portmán Golf que se implique en las labores de restauración de la zona. Además, se ha mostrado preocupado de que el director general dijera que el PRASAM "es un borrador", por lo que asegura que "nos han estado vendiendo durante más de un año, un fiasco".

Finalmente, el socialista Antonio Guillamón considera que el gobierno regional "se desentiende del medio ambiente", ya que "se acumulan casos sin resolver, como la bahía de Portmán en la que ha intervenido el Gobierno de España para garantizar el cumplimiento de los plazos".