El fuego también afectó a 4.300 metros cuadrados de superficie agrícola, y en concreto a 45 olivos que resultaron quemados por el fuego, así como a 600 metros de alambrada y 2.000 metros cuadrados de pasto.

Los hechos, según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional al que ha accedido Europa Press, se remontan al 6 de julio de 2016, época de peligro alto de incendio. Ese día el acusado viajaba en un vehículo por la carretera JA6100 (El Centenillo-La Carolina) al pasar sobre las 15,00 por el paraje Cerro de la Cruz, en terrenos forestales con vegetación forestal de pastizal, quercineas y matorral.

"Con la finalidad y voluntad de ocasionar un incendio forestal, procedió, tras abrir la puerta del vehículo en el que viajaba, y salir al exterior del turismo, a prender fuego con un mechero a la abundante vegetación forestal compuesta de pasto seco con un alto grado de combustibilidad que se encontraba en el margen de la carretera por la que transistaba", señala el escrito del Ministerio Público.

Añade que lo hizo "para conseguir su propósito de ocasionar un incendio forestal" y que abandonó el paraje cuando el fuego comenzó a propagarse.

El fuego arrasó 16.340 metros cuadrados de superficie forestal y no alcanzó mayor extensión "al intervenir los efectivos del Plan Infoca que consiguieron extinguirlo sobre las 18,30 horas", después de tres horas en las que se emplearon a fondo 20 especialistas en extinción acompañados por medios terrestres.

Los daños por el impacto ecológico del incendio en Espacio Natural Protegido ascienden a 828 euros, a los que se le suman otros 578 euros por daños por impacto paisajístico. Además, los daños en la finca de olivar han sido tasados en 1.815 euros, a los que se suman otros 335 euros por daños a dos parcelas de un polígono.

Los hechos han sido calificados como un delito de incendio forestal intencionado por el que se le reclama cuatro años de cárcel y multa de 3.600 euros. Además, deberá satisfacer diversas cantidades en concepto de responsabilidad civil, entre las que se encuentra una indemnización de 3.100 euros a la que fuera Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.