La Academia exige a la Plataforma contra Cooficialidad que se detracte por "descalificaciones graves" a la institución

  • La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) quiere que la entidad Plataforma contra la Cooficialidad se detracte legalmente de las "descalificaciones graves" contra la institución, al acusarlos, entre otros, de ser un "sindicato político" y parecerse a la "dictadura cubana".
Academia de la Llingua
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EUROPA PRESS - Archivo

En declaraciones a Europa Press, el secretario de la ALLA, Xosé Ramón Iglesias Cueva, ha explicado que la Xunta de la institución ha dado poderes a su presidente, Xosé Antón González Riaño, para exigir legalmente a la Plataforma rectificar lo que consideran "descalificaciones graves".

Los hechos pasaron en enero, cuando la Plataforma comparó a través de un comunicado a la Academia con la "dictadura cubana", los acusó de ser una "entidad nacionalista" y el germen de un "proyecto totalitario" para Asturias. Todo ese después de que el presidente del PP, Pablo Casado, enviara una carta a la institución para mostrar sus respetos hacia la lengua asturiana, algo que no gustó a la Plataforma.

Por eso, ahora la Academia quiere que esa entidad, "que no sabemos quien es ni a quien representan", se detracte de estas palabras al entender que no se trata de una opinión. "Puede opinarse sobre la oficialidad, a favor en contra, o sobre el modelo a desarrollar, pero lo que han dicho no son opiniones personales, son descalificaciones a una institución pública creada por el Principado", ha afirmado Iglesias Cueva.

Por ello, se hará un acto de conciliación a finales de este mes en el Juzgado de primera Instancia número 4 de Oviedo. Desde la Academia anuncian que si la Plataforma no se detracta de estas palabras darán "un paso más".

Con todo, desde la Plataforma parece que no darán marcha atrás y esta lunes a través de un comunicado han acusado a la Academia de intentar "acallar las críticas" contra "su labor útil al nacionalismo asturiano". En ese sentido, llegan a hablar de que la "demanda" supone un "intento de amordazar a la prensa y a la sociedad civil".

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