En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de José D.P., el trabajador denunciante, relata, en referencia a los delitos de prevaricación y mobbing, "el acoso laboral, violencia psicológica y constante humillación al que está sometido su cliente en su puesto de trabajo por sus superiores jerárquicos", que viene motivado por "no querer acceder a la voluntad de los denunciados de que cubriera puestos de trabajo a su antojo y de tenerlos 'puntualmente informados' de todo lo que ocurre en el Ayuntamiento, primero en la Policía Local y después en la Conserjería del Ayuntamiento con relación personal y acceso directo a todos los miembros de los grupos municipales".

En este sentido, tanto González como Cárdenas han asegurado que "jamás" han pedido al denunciante que "vigile e informe de la Policía Local", y tampoco de los concejales del PSOE.

El denunciante tomó posesión de la plaza de Policía Local en Coria en 1987, pero tras caer en una grave depresión y enfermedad le fue concedida una Incapacidad Permanente Total en 2005. Así, solicitó la adscripción a una plaza acorde a sus limitaciones físicas y anímicas.

En el año 2009 el Ayuntamiento comunicó al denunciante, licenciado en Derecho, las plazas vacantes existentes en la plantilla a fin de que eligiera la que entendiera más adecuada a sus limitaciones, decantándose por la plaza de subalterno en el departamento de Información.

Desde el año 2009 al 2013, José D.P. desempeñó sus funciones en dicho departamento "con normalidad". En 2013 la entonces delegada de Recursos Humanos propone verbalmente al denunciante una colaboración puntual con las tareas de notificación del Ayuntamiento, debido al alto volumen existente y hasta que la gran cantidad de trabajo descendiera.

Una vez el volumen de trabajo descendió considerablemente, José D.P. comunicó al nuevo delegado de Recursos Humanos, en este caso del Partido Andalucista, que accede al cargo gracias a la moción de censura de ese mismo año y que llevó a la Alcaldía al investigado Modesto González (PA), su firme intención de reintegrarse en su puesto, manteniéndolo "contra su voluntad" en el puesto de notificador.

En este momento está "el inicio de la actuación prevaricadora que se denuncia con el mantenimiento forzoso y arbitrario en unas tareas que no le correspondían, desde ese momento hasta el año 2017 como seacredita, con el consentimiento y aquietamiento del alcalde y del denunciado Cárdenas, una vez accede al Ayuntamiento tras las elecciones de 2015".

El delegado de Recursos Humanos, ante la insistencia de José D.P. de volver a su puesto, "de manera verbal en todos los casos, pues se cuidaban de no dejar por escrito de sus caprichos", le trasladaba que debía incorporarse a puestos de trabajo "tan dispares que presentaban falta de personal o que no estaban siendo desempeñados con eficacia por el personal que lo ocupaba como al departamento de la biblioteca municipal o al departamento de piscina cubierta.

Todas estas situaciones derivaron distintas recaídas en su salud, incluso teniendo que ser dado de baja en alguna ocasión. Durante todo este tiempo y "consecuencia del daño físico y moral sufrido por parte de los denunciados", José D.P. ha estado recibiendo tratamiento de fisioterapia, psicológico y farmacológico.

Por último, también se denuncia los incumplimientos del Ayuntamiento en materia de prevención de riesgos laborales a sabiendas de la condición de trabajador especialmente sensible. El denunciante, "hundido profesional y emocionalmente", está diagnosticado de trastorno ansioso depresivo por parte del médico psiquiatra de la Unidad de Salud Mental de la Consejería de Salud de la Junta.

NIEGAN "REPRESALIAS NI ÓRDENES DE VIGILAR" A LA OPOSICIÓN

En su declaración, el primer edil ha señalado que las "órdenes" en relación de trabajos son dadas por el delegado de Personal, que tiene delegadas las funciones; admitiendo que ha tenido conocimiento de las reivindicaciones de este trabajar para "estar en un cargo de más categoría, ya que es licenciado en Derecho". "La reivindicación no es posible porque él no renuncia a su pensión de discapacidad", ha precisado.

Ha negado las "represalias" por parte del Ayuntamiento hacia el trabajador denunciante y ha señalado que dentro de las tareas de subalterno notificador está la de salir a la calle a notificar, y desconoce si a este trabajador se le ha dado más funciones de las que debe tener. Por último, ha insistido en que "en ningún momento" ha insultado o menospreciado a José D.P., con quien ha tenido un trato "cordial y cierta relación de amistad".

"Jamás le ha pedido que vigile o informe de la Policía Local y tampoco de los concejales del PSOE", ha concluido la declaración del alcalde de Coria del Río.

Por su parte, Cárdenas, que conocía las reclamaciones de este trabajador, ha declarado que José D.P. quiere seguir como policía local notificador de segunda actividad pero según un informe de un técnico de recursos humanos "no era posible al tener reconocido un grado de invalidez".

El concejal ha negado igualmente las represalias y los insultos a este empleado, así como que le haya recriminado que hable con la oposición. En este sentido, Cárdenas ha indicado que sabe que el trabajador municipal es abogado y "ejerce sin solicitar la compatibilidad".