El pleno debatirá la convalidación de esta nueva normativa -el Real Decreto-Ley 4/2019 de 22 de febrero- que fue aprobada el viernes pasado por el Consejo de Ministros con distintas medidas económicas.

El REB es un instrumento con el que se trata de amortiguar los efectos de la insularidad. Uno de los elementos destacados que contempla el decreto es el llamado factor de insularidad, para compensar en materia de inversión pública las desventajas de la situación geográfica de la comunidad autónoma.

Este factor se incluirá cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y servirá para que Baleares reciba inversiones del Estado en la media del conjunto de las autonomías.

El decreto ley, en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), debe ser convalidado o derogado por el Congreso en el plazo de 30 días y, aunque, inicialmente, se iba a recurrir a la Diputación Permanente una vez que se disuelvan las Cortes el próximo martes, el Gobierno ha preferido acelerar el procedimiento y la Junta de Portavoces ha alterado el orden del día de esta semana para incluirlo.

Armengol comparecerá por iniciativa propia en el próximo pleno del Parlament para explicar el REB. Asimismo, la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, se ha mostrado "satisfecha" por la previsible validación este jueves en el Congreso del REB y ha insistido en que es un "paso importante" para "avanzar en la reclamación de una compensación de la insularidad".

En declaraciones a los medios, Cladera ha subrayado que con este trámite el factor de insularidad "quedará convalidado y ya no habrá dudas". El decreto también recoge aspectos sobre energía y transporte.

Desde el PP, sin embargo, han censurado que el decreto "es un 'bluf' y una decepción" al considerar que es "manifiestamente insuficiente". A pesar de esto, y de decir que está "vacío de presupuesto", han asegurado que defenderán el REB en la votación en el Congreso.

Cabe recordar que, tras su aprobación el pasado viernes Armengol señaló que aunque el REB aprobado "no es suficiente" suponer dar "un paso histórico" puesto que "hacía 20 años que no se modificaba".

MEDIDAS

El factor de insularidad, que se incluirá cada año en los PGE, se concretará entre el Gobierno estatal y el autonómico. Ambos ejecutivos decidirán en una comisión mixta cada ejercicio el uso de estos fondos, que podrán ser empleados en infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, becas de investigación y formación y mejora de zonas turísticas, entre otros.

Otro de los elementos que recoge el real decreto es el de las bonificaciones al transporte. Incluye la bonificación de hasta el 75% de las tarifas aéreas y marítimas para el transporte de personas en trayectos directos entre las islas y el resto del país, y hasta el 65% del coste medio del flete para exportación de productos.

En energía, se promueven las energías limpias, la ejecución de una segunda interconexión de las islas y la península y una compensación para que el precio del gas natural y los gases líquidos sean equivalentes a los de la península.

LOS INCENTIVOS FISCALES NO ESTÁN INCLUIDOS

Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó un anteproyecto de ley con incentivos fiscales a incluirse dentro del REB, pero tiene que ser debatido y aprobado por las Cortes, lo que ya no ocurrirá al concluir la legislatura. Tendrá que volver a ser presentado en la próxima.

En concreto, el Gobierno plantea dos nuevos incentivos para ayudar a las empresas que trabajan en las islas para compensar la insularidad. Por un lado, se les permitirá reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones en el territorio.

Por otro, el Ejecutivo propone un bonificación del 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos Baleares. Como condición, las empresas tendrán que mantener el empleo, pero esta bonificación subirá al 25 cuando crezca su plantilla media.

NEGOCIACIÓN

Cabe recordar que Armengol, acordó con el anterior ministro 'popular' de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el REB sería aprobado por el Consejo de Ministros antes de verano del año pasado para que la ley fuera ratificada por las Cortes antes de que acabara 2018.

Las negociaciones marchaban por buen camino pero no habían concluido cuando cayó el Gobierno del PP por la moción de censura. Tras esto, el nuevo Ejecutivo, socialista como Armengol, retomó los trabajos pero no había aprobado todavía el proyecto en Consejo de Ministros antes del anuncio de elecciones anticipadas.