Según informa el propio bufete en un comunicado, también ha interpuesto un recurso de amparo al considerar que ha sido vulnerado el derecho del damnificado a una tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.

Este despacho ha recalcado que la demora judicial que impidió el cobro de su indemnización motivó que el estado físico de esta persona fuese "deplorable" por no poder pagar los cuidados necesarios. Así, ha relatado que "tras doce años de lucha, huelgas de hambre e intentos de suicidio" para cobrar los 800.000 euros que una sentencia firme le reconocía, el afectado "tenía su cuerpo lleno de llagas, la mayoría de los órganos no le funcionaban bien y para bañarlo era necesario usar una grúa ortopédica".

Por todo ello, Bufete Osuna ha reclamado el pago al Ministerio de Justicia de los 800.000 reconocidos por sentencia, más 200.000 euros por daños morales y otros conceptos a los hijos de los afectados. Igualmente ha elevado una queja al Defensor del Pueblo y ha puesto el caso en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y de otras instituciones.