En un comunicado, ambos colectivos señalan que, tras el debate parlamentario en el que los dos partidos que sustentan el Gobierno (PRC y PSOE) "han manifestado su apoyo al sector", ha llegado el momento "de pasar de las palabras a los hechos, y estos pasan por la elaboración de un documento de consenso entre quienes realmente desarrollan su actividad en Cantabria y tributan en ella". "Es ahora cuando hay que anticiparse a un problema que no tardará en producirse", añaden.

Según sus datos, el sector del taxi en Cantabria está compuesto por 514 licencias, el 97% de las cuales son explotadas por trabajadores autónomos que, a su vez, dan trabajo directo a más de 200 conductores asalariados y empleados de las diversas asociaciones y cooperativas. El 3% restante está en manos de empresas de autobuses que también están residenciadas en la comunidad autónoma.

Por su parte, de las 181 autorizaciones de vehículos de arrendamiento con conductor expedidas por la comunidad autónoma, "apenas 25 de ellas pueden considerarse tradicionales", es decir, provienen de las antiguas licencias municipales de la clase C (grandes turismos) y llevan décadas conviviendo con el sector del taxi "en total armonía, cumpliendo la Ley a rajatabla y realizando sus servicios bajo previa contratación".

El sector del taxi asegura que "ya cuenta con todos los avances tecnológicos en que se escudan nuestros políticos para dilatar la situación y esperar a que el conflicto llegue a las calles de nuestros pueblos y ciudades". "El sector del taxi necesita y quiere competir, pero para ello es imperiosa una regulación que posibilite hacerlo en igualdad de condiciones", recalca.

Según dice, no entienden "por qué", en el marco de sus competencias en materia de transporte, el Gobierno de Cantabria "mira hacia Madrid y ruega que otros regulen el transporte que transcurre íntegramente por su territorio".

Por todo ello, y tras la reunión mantenida en la Dirección General de Transportes el pasado 15 de febrero, y una vez conocida la posición de cada una de las partes implicadas, ambos sectores instan al Gobierno de Cantabria, "sin más dilación", a confeccionar "un documento de consenso" en el que se reflejen las propuestas planteadas por la Federación Cántabra del Taxi, "que en su mayoría y salvo pequeños matices, son compartidas por las empresas de VTC que operan en Cantabria", aseguran.