En el texto, apoyado por los Grupos Parlamentarios de la Cámara riojana, se recuerda que la administración
penitenciaria
tiene
encomendada "la ejecución
de
las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad privativas de libertad mediante la reeducación y reinserción social a la que está orientada la política penal y penitenciaria. Tanto la educación como la reinserción de los reclusos están ligadas a un servicio público de calidad".
En este punto, han indicado que los trabajadores penitenciarios "son los encargados de prestar este servicio sobre el que se vertebra la seguridad de los establecimientos penitenciarios y precisan para la consecución de sus objetivos de recursos económicos, materiales y humanos suficientes y adecuados".
Ante ello, por medio de la Declaración Institucional, han apoyado de "forma expresa" a todos los trabajadores penitenciarios y especialmente a los del Centro Penitenciario de Logroño, al tiempo que han instado "a la Administración penitenciaria a abrir una vía de negociación y diálogo para resolver las controversias laborales que en estos momentos se vienen planteando por parte de los trabajadores penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior".
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