El presunto delito objeto de la instrucción de la que ahora se hace cargo el TSJA, estaría relacionada con la contratación por parte del Ayuntamiento llanisco de un arquitecto mediante contratos administrativos de servicios de corta duración que, según la denuncia, se habrían prolongado en el tiempo de 2006 a 2015.

Los hechos relacionados con este procedimiento fueron denunciados en octubre de 2016 ante el Juzgado de Llanes por Enrique Riestra Rozas, como alcalde de Llanes, quien atribuía inicialmente hechos presuntamente delictivos a la ya referida diputada (ex alcaldesa de Llanes), al Secretario del Ayuntamiento de Llanes, Santiago Fernández Molpeceres, y al interventor del mismo consistorio, Gregorio García Arranz.

Estos dos últimos prestaron declaración como investigados ante la magistrada titular del Ayuntamiento de Llanes en junio del año pasado y este mes de enero respectivamente. Asimismo la magistrada de Llanes recibió declaración como investigados el pasado 17 de enero al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Herrero Mijares, y a la concejala de Economía y Hacienda, Esther Bustillo Palacios.