El colegio afirma, en un comunicado, que en el caso de Lleida "el hecho de que la víctima tenga una discapacidad intelectual del 69% y la sentencia aduzca una supuesta ambigüedad en su resistencia para rebajar la pena a los agresores, evidencia la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad".

"El colectivo profesional, que trabaja tanto con mujeres víctimas de violencia de género como con personas con discapacidad, lamenta la falta de contundencia judicial en defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres y aprecia en los argumentos utilizados en la sentencia desconocimiento y falta de conciencia respecto a los derechos del colectivo de personas con discapacidad", señala.

Argumenta que, desde la experiencia en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y específicamente a mujeres que han sufrido agresiones sexuales, las trabajadoras sociales alertan que cuestionar o relativizar el sufrimiento y la resistencia de las víctimas las culpabiliza y comporta "una doble victimización que suma la violencia institucional a la violencia machista".

Las profesionales del trabajo social reclaman "una mayor conciencia" en este sentido y se suman a la repulsa expresada tanto desde el ámbito de la discapacidad como desde la defensa de los derechos de las mujeres.