"Vuelve a hacer lo que intentó en las municipales de 2011 con su denuncia por el espigón de Balanegra, buscando mi inhabilitación. Ni entonces lo consiguió, no lo conseguirá ahora", ha trasladado el primer edil virgitano en un comunicado a través de las redes sociales, en el que apunta que "lo más indignante" es que los socialistas "no sean capaces de hacer una campaña basada en iniciativas y mejoras para nuestro pueblo, sino en la calumnia, la denuncia falsa y el juego sucio".

Torres ha apuntado de forma irónica que resulta una "casualidad" que la denuncia, por la que el Ministerio Público aprecia indicios de criminalidad al haberse contratado servicios "sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto" y con informes "en contra del interventor municipal", surja "a tres meses de unas elecciones" y con unas facturas "de 2017, que se aprobaron a principios de 2018".

No obstante, y ante este caso sobre el que el fiscal indica que el equipo de gobierno popular podría "haber hecho prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados", cree que la justicia les "volverá a dar la razón".

"El PP ha buscado y buscará siempre el interés general y la defensa de lo distintos colectivos virgitanos", ha añadido al considerar que con esta denuncia, derivada de los hechos que los socialistas pusieron en conocimiento de la Fiscalía, los vecinos del municipio han visto a la dirigente local del PSOE, Isabel Arévalo, "quitarse la máscara y descubrir tal cual es". "Su juicio será el de las urnas y estamos seguiros de que lo va a perder", ha recalcado.

"DISPARIDAD DE CRITERIO"

En la misma línea se ha expresado el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, José Carlos Lupión, para quien "los reparos en la Administración son algo relativamente usual" por lo que "en algunos casos los funcionarios tienen una forma distinta de ver los procedimientos y lo manifiestan de este modo", con lo que ha reducido los indicios observados a una "disparidad en el criterio procedimental" derivada de los "reparos del interventor municipal al pago de algunas facturas".

Tras asegurar que aún no tienen "conocimiento oficial" de la denuncia, que fue enviada al Decanato para su reparto entre los juzgados de la localidad, Lupión ha apuntado que, pese a todo, "no existe ningún problema" y que desde el PP "estamos deseando que la justicia, la fiscalía, el juez o quien quiera nos llame para aclararle cualquier duda". "Tenemos la conciencia tranquila, porque todo se está haciendo conforme a la legalidad", ha reiterado.

En el mismo sentido, ha apuntado que "en algunas ocasiones estos reparos pueden suponer un frenazo a determinadas actuaciones", para lo que ha puesto como ejemplo el expediente del Sector I-3, que "contó desde el principio con un buen número de reparos y una denuncia ante los juzgados" pero que finalmente se resolvió a favor de los intereses del equipo de gobierno, por lo que "Berja cuenta con un empresa que ha creado muchos puestos de trabajo".

"Si el alcalde no hubiese hecho valer su firme voluntad de sacar adelante el proyecto, más de 300 familias de Berja no tendrían hoy trabajo y habrían tenido que salir del municipio para ganarse el pan", ha añadido Lupión, quien ha recurrido al refranero popular para añadir "juicios tengas y los ganes", ante esta última denuncia.

El grupo municipal del PSOE elevó en septiembre de 2018 un escrito al Ministerio Público en el que informaba de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en pleno de 5 de marzo del 2018 con el voto a favor de los nueve miembros del PP para el pago de facturas a proveedores "con un dictamen desfavorable" del interventor del Ayuntamiento virgitano.

En la citada denuncia, los socialistas indicaban que Torres sometió a votación en el pleno la aprobación de diversas facturas correspondientes a otro ejercicio presupuestario, y "provenientes de deudas contraídas por el Ayuntamiento de Berja, resultando que algunas de ellas, o bien no cumplían con los requisitos legales para su aprobación, o bien habían sido fruto de la vulneración de la ley de contratos del sector público".