La portavoz adjunta del PP en el Congreso de los diputados, Isabel Borrego, ha presentado la denominada 'Ley antiokupación' propuesta por el Partido Popular a nivel nacional y que, entre otras cosas, reduce el plazo en el que la autoridad pública o la Policía puede desalojar la vivienda a un máximo de 24 horas.

Así lo ha hecho saber Borrego en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañada de los también parlamentarios nacionales, Javier Ruano, Pedro José Pérez, Nuria Guijarro, Juan María Vázquez y Francisco Bernabé para dar a conocer los detalles de esta proposición de Ley que se presentó la semana pasada en el Congreso.

En concreto, cabe recordar que el presidente del PP, Pablo Casado, presentó esta proposición con el objetivo de combatir la 'okupación' ilegal de personas y garantizar así "la convivencia y la seguridad de los vecinos".

En este sentido, Borrego ha remarcado que la 'okupación' ilegal de las viviendas "es una preocupación de la sociedad española y murciana", porque "atenta contra la propiedad privada, afecta gravemente a la convivencia vecinal y pone en grave peligro la seguridad de las personas, como vimos en los incidentes que ocurrieron hace unos días en Badalona".

Garantizar la convivencia, según Borrego, es uno de los objetivos "clave de esta Ley" porque, a pesar de todas las iniciativas que hay para acabar con la 'okupación' ilegal de viviendas y locales, el PP ha detectado que "faltaba mucho camino por recorrer" y es necesaria más "eficiencia y eficacia en la normativa".

Esta proposición de ley define por primera vez lo que es 'okupación ilegal', algo que "hasta la fecha no estaba definido"; y se introduce una norma por la que "ningún inmueble 'okupado' ilegalmente puede ser considerado morada o domicilio". Por eso, ninguna persona se puede censar en un domicilio que 'okupa' de manera ilegal.

Por otro lado, ha destacado que se aceleran los plazos en los que la autoridad pública o sus agentes, es decir, al Policía, podrá desalojar la vivienda. En concreto, se reduce a un plazo de entre 12 y 24 horas, "sin esperar a los meses que estamos acostumbrados actualmente".

REFUERZA LOS MEDIOS DE LOS VECINOS

El PP ha presentado esta Ley, pero el resto de partidos, incluido Ciudadanos, ha rechazado que se tramite de manera urgente tal y como pidió Casado. Borrego ha remarcado que esta Ley "refuerza el delito de usurpación, agiliza el proceso penal y amplía la reforma de los procesos civiles que aprobó el PP en 2018".

De la misma forma, ha remarcado que la Ley refuerza los medios al alcance de la comunidad de vecinos en aras de la convivencia vecinal" y, por ejemplo, una comunidad podrá pedir que se tapíe una vivienda si cree que va a ser 'okupada' ilegalmente".

La Ley también prevé que los inmuebles que son propiedad de personas jurídicas pueda acceder también a los trámites con la misma velocidad que las personas físicas. "Todos hemos visto que hay viviendas propiedad de bancos que son objeto de 'okupación' ilegal, lo que está ocasionando graves conflictos", según la diputada 'popular'.

La Ley también considera nula la inscripción en el padrón cuando se trate de una vivienda 'okupada', según Borrego, quien ha puntualizado que el texto "no regula para nada los desahucios hipotecarios ni arrendatarios". El objetivo, añade, es "proteger la propiedad privada y la convivencia, sin olvidar la función social y la seguridad en la convivencia".

A su juicio, "no debe confundirse nunca la lucha contra la delincuencia y las ilegalidades de la 'okupación' con situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social por no tener una vivienda", ya que "son dos cosas totalmente diferentes". La Ley, aclara, "va a luchar contra la delincuencia y las irregularidades en materia de 'okupación'".

Borrego ha reconocido que, de momento, el PP no tiene una previsión del perjuicio que puede provocar económicamente la 'okupación', pero ha advertido que alguna comunidad "ha tenido que gastar 5 millones de euros en un año para paliar este tipo de situaciones".

En su opinión, es un "perjuicio para la propiedad privada" pero también para el resto de los vecinos". Ha destacado que algunas cuestiones "se pueden contabilizar económicamente" pero otras no, como es el caso de la convivencia social. Además, destaca que la 'okupación' ilegal, normalmente, "suele conllevar fraudes en los suministros de electricidad o agua".