El anteproyecto del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las sociedades públicas de integración del ferrocarril señala que, a finales de 2016, de los 1.387,87 millones de euros que en dicha fecha se estimaba que habría costado el proyecto de soterramiento completo de Valladolid, quedaban pendientes de ejecución 833,12 millones, lo que representaba un 60% del total programado.

Sin embargo, este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, indica posteriormente que de las tres alternativas que se contemplaron hace dos años para garantizar la viabilidad de Valladolid Alta Velocidad, mantener el Plan Rogers con soterramiento completo de unos 5 kilómetros de largo habría tenido un coste estimado de 995 millones de euros frente a los 460,97 de la "integración permeable" por la que finalmente se optó.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, evalúa las cuentas de estas sociedades a fecha de 31 de diciembre de 2016, pero contempla también en el caso de la SVAV los acuerdos que se tomaron en 2017 para firmar un nuevo convenio y para afrontar el pago de la deuda que tenía -360 millones de euros en dicha fecha-.

El informe explica que a 31 de diciembre de 2016, de los 1.387 millones de euros que se estimaba que habría supuesto el proyecto de soterramiento completo, quedaban por afrontar 833,12 millones de inversión, lo que correspondía a las actuaciones del tramo del soterramiento urbano de Valladolid, la Fase 2 del Complejo ferroviario y la nueva estación de viajeros.

Posteriormente, recuerda que como consecuencia de la deficiente situación económica-financiera de la Sociedad se acordó revisar el Convenio y desarrollar un Plan de Viabilidad en el que se planteaban tres alternativas. La primera, mantener el soterramiento según el Plan Rogers habría tenido un coste estimado de 995,03 millones de euros; realizar túneles a ambos lados de la estación conservando esta en superficie, con un coste estimado de 660,96 millones; o realizar una integración permeable del ferrocarril en la ciudad sin soterramiento, que costaría 460,97 millones.

Fue esta la opción que se acordó y que se firmó el 20 de noviembre de 2017 por parte de los socios -Adif (7,5%), Adif Alta Velocidad (30%), Renfe-Operadora (12,5%), Ayuntamiento de Valladolid (25%) y Junta de Castilla y León (25%)- en el nuevo convenio de la SVAV, para el que se requería la aportación de 299,08 a través de préstamos participativos en los próximos años de acuerdo con el porcentaje accionarial de los socios.

Esa cantidad incluye, recuerda el informe, 56 millones para la finalización del nuevo complejo de talleres de Renfe, su equipamiento industrial y la segunda fase de las obras; 112 millones de euros para actuaciones de integración urbana; 90 millones para actuaciones urbanísticas y 28,6 millones para la nueva estación de autobuses. A ello habría que sumar la finalización de la variante de mercancías y la remodelación de la terminal de Campo Grande, que costeará Adif en solitario.

El informe señala también que, a finales de 2016, se habían destinado a actuaciones relacionadas con el proyecto un total de 351,8 millones de euros, de los cuales 318,9 corresponden a actuaciones ferroviarias de las cuales las más cuantiosas eran el nuevo complejo de talleres (172 millones de euros) y el soterramiento del Pinar de Antequera (75,1 millones). Además, se gastaron casi 30 millones en actuaciones urbanísticas.

131 MILLONES EN GASTOS FINANCIEROS

En cuanto a la deuda de la SVAV, que en enero de 2016 alcanzó su importe máximo con 400 millones de euros, el informe estima que los costes financieros han ascendido 131,4 millones de euros.

El documento relata también cómo se afrontó la situación de endeudamiento hace ahora tres años, con una primera aportación de Fomento el 4 de abril de 2016 por un total de 62,5 millones de euros con lo que se logró aplazar el pago de los intereses y se acordó la novación, siempre y cuando antes del 30 de septiembre de este año no estuvieran ratificadas las cartas de conformidad por todos los socios.

Ante la imposibilidad de cumplir con esas condiciones ya que el Ayuntamiento declaró nula de pleno derecho su 'comfort letter' y estar ya vencidos 71,9 millones de euros de deuda (62,2 millones del Ayuntamiento y 9,7 de intereses), se convocó la Junta General Ordinaria en febrero de 2017.

En ella, además del acuerdo para firmar el referido convenio, el Grupo Fomento aceptó adelantar los importes correspondientes a la deuda pendiente -360 millones de euros- y, finalmente, llegó a un acuerdo para su abono en dos plazos a lo largo de 2017.

En definitiva, hasta el 31 de diciembre de 2017, los socios habían desembolsado, bien por la cancelación del crédito bancario o bien por préstamos participativos, un total de 411,8 millones de euros, de los cuales la práctica totalidad (411,4 millones) lo fueron por las entidades públicas del Grupo Fomento.

Este documento también incide en que en Valladolid el retraso de las obras, entre ellas las del nuevo Complejo de Talleres de Renfe, ha impedido las tareas de urbanización y la prevista enajenación de suelo para financiar las actuaciones.

También se aporta un motivo más que influyó en la firma de un nuevo convenio en la SVAV, ya que el Tribunal de Cuentas considera que también estuvo influida por la denominada regla de gasto según la cual la variación del gasto computable de la Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales no puede superar la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo en España.

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