Su presidente, Prudencio Prieto, ha agradecido la disposición de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional en este caso y ha manifestado su compromiso de trabajar "codo con codo" con el objetivo de "dar respuesta" a todos los "damnificados".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, al término de una reunión que ha mantenido con la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Helena Caballero, y el comisario Jefe Provincial de Valladolid Juan José Campesino.

Prieto ha asegurado que su organización se presentará como acusación popular por la vía civil y criminal ante "los órganos competentes" ante la "alarma social" generada. Ha insistido en que todos los damnificados se pueden presentar tanto en las oficinas de la organización como en la Comisaría para tratar su situación.

En este punto, ha desechado la idoneidad de presentar una demanda colectiva ya que, según los servicios jurídicos de la OCU, cada caso tiene una "casuística diferente" lo que haría difícil "una resolución conjunta".

La Delegada del Gobierno, por su parte, ha animado a los damnificados a utilizar el documento elaborado entre Fiscalía y Policía porque "agiliza todos los trámites", al tiempo que ha pedido que se presenten las denuncias en horario de oficina de lunes a viernes, que es cuando "más personal hay", si bien no ha descartado, si se necesita, "reforzar" el personal parar prestar esa atención en la Comisaría.

Barcones ha recordado que el documento "simplifica" los pasos a la hora de presentar la denuncia y recuerda que, además de este papel, basta con presentar el número de póliza -si el sepelio se hizo a través de una aseguradora- o del contrato suscrito con la empresa investigada y los justificantes de pago.

En este punto, el comisario provincial ha recordado que, en caso de haber sido víctima de la estafa pero carece de documentación por el tiempo que ha pasado, la Policía Nacional puede "actuar de oficio" una vez que se analicen todos los archivos confiscados. Además, ha animado a los perjudicados a presentar denuncia en Comisaría a través del modelo consensuado para este caso porque "es mucho más ágil" y "facilita el trabajo".

6.000 AFECTADOS

De momento, Barcones ha señalado que se han registrado diez denuncias, pero que los afectados podrían llegar a los 6.000 dentro del periodo que, de momento, se investiga. "No hemos podido cuantificar todavía el importe de la estafa porque la investigación está en una fase incipiente y es muy compleja, ya que no siempre actuaban de la misma manera, pero hablamos de varios millones de euros", ha incidido.

Campesino ha hablado del 'modus operandi' y ha recordado que no todos los casos son iguales, ya que en unas ocasiones los féretros era sustituidos por otros de "calidad ínfima" y también se ha comprobado que había incineraciones que se hacían sobre "ataúdes incompletos". Eso sí, no ha confirmado que se utilizaran palés, pero sí ha descartado el uso de sábanas o que los cuerpos pasaran al crematorio directamente porque se necesita "una base" para realizarla.

Sobre la organización, ha puntualizado que tanto el dueño de la empresa como el hijo o "conocían perfectamente lo que pasaba" o eran "quiénes lo organizaban", de ahí que se haya decretado "prisión", mientras que el resto de implicados eran "familiares y trabajadores del Grupo".