La Sección 8 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a una funcionaria interina de un juzgado penal de Barcelona por haber hostigado a un contacto de Facebook con el que había mantenido contacto vía Internet y teléfono, y por falsificar varios autos de aperturas de procedimiento contra él para perjudicarle, aprovechándose de su puesto.

El tribunal ha dictado este martes una sentencia de conformidad en la que la funcionaria ha aceptado una condena por un delito continuado de coacciones y otro delito continuado de falsificación en documento oficial, y se ha evitado continuar con la celebración del juicio.

Tanto la defensa de la funcionaria como la Fiscalía han anunciado que no recurrirán la condena, por lo que la sentencia es firme, y se ha acordado la suspensión de la pena de prisión por el plazo de cinco años.

Según el relato de la fiscal en su escrito de acusación, la funcionaria, a principios de 2013, conoció a través de Facebook a la víctima, y mantuvo con él contacto durante unos meses a través de Internet y teléfono, hasta que éste decidió poner fin a la relación, lo que "molestó a la acusada, la cual, a partir de ese momento, inició una actitud de hostigamiento".

Así, durante tres años, le estuvo llamando decenas de veces de forma intermitente desde el teléfono de su trabajo y desde el móvil, y también se inventó varios procedimientos penales contra él.

En junio de 2015, aprovechándose de su función de funcionaria interina en el Juzgado Penal 15 de Barcelona, lo que le permitía acceder al sistema informático de gestión procesal de los juzgados, elaboró un auto "enteramente mendaz" en el que supuestamente un juzgado reabría un procedimiento contra la víctima por amenazas y vejaciones.

En agosto de ese año, elaboró un auto por el que otro juzgado abría un procedimiento por los mismos delitos, y ambas resoluciones le fueron notificadas a la víctima, que regentaba un bar en Valls (Tarragona).

Asimismo, elaboró una diligencia de ordenación por la que se acordaba librar oficio a la Jefatura Superior de Policía de Catalunya para que averiguara el domicilio o paradero del "penado".

El 10 de diciembre de 2016, la funcionaria se presentó en el bar de la víctima en Valls "con la misma finalidad de hostigamiento", momento en que él, al percatarse de su presencia, llamó a los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía pedía para ella una pena de tres años de cárcel por el delito continuado de coacciones y la pena de seis años por la falsificación de documentos oficiales, aunque en la conformidad se han rebajado las penas teniendo en cuenta la atenuante de alteración psicológica y de reparación del daño.