Esta es la principal novedad de la propuesta de orden que regulará la estrategia de gestión "integrada y permanente" de la población de topillo en Castilla y León analizada este jueves en el Consejo de Gobierno que ha dado el visto bueno a este programa de gestión que activará una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos en los cultivos de la presencia de estos roedores para lo que se impulsará la figura del "agricultor colaborador" de carácter voluntario que, como conocedor del entorno, favorecerá una detección temprana del problema.

Según ha asegurado la portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, esta "sencilla" estrategia de prevención será "compatible y respetuosa" a su vez con la conservación de los distintos ecosistemas, con la biodiversidad y con los recursos naturales de Castilla y León.

Para ello, se ha diseñado un programa de trabajo dividido en seis capítulos entre los que destaca la graduación del nivel de riesgo por colores (verde, amarillo, naranja y rojo) en función del estado de las poblaciones detectadas, de los cultivos y del entorno con una regulación de las medidas que habrá que llevar a cabo en cada caso de riesgo.

La estrategia contempla también un régimen sancionador en función de la Ley de Sanidad Vegetal de modo que, en el caso de incumplimiento de lo dispuesto en la orden, se podrán llevar a cabo desde apercibimientos hasta multas que pueden ir desde los 300 euros a los tres millones de euros, si bien la consejera se ha mostrado convencida de que no se tendrán que aplicar sanciones porque habrá colaboración por parte de los agricultores, "los principales interesados" en minimizar un problema que, según ha recordado también, es de carácter "cíclico".

La estrategia tendrá un capítulo dedicado a las "buenas prácticas voluntarias" como medidas preventivas con tres tipos de actuaciones para la minimización de riesgos en los cultivos: potenciación del control biológico a través del uso de cajas nido; manejo de recintos y parcelas agrícolas mediante remoción del terreno, descompactado de la tierra o

rastrojo con la mejor altura posible y actuación sobre las vías de dispersión limpiando la cubiertas vegetales, linderos, caminos o regatos.

También incorpora una serie de "prácticas fitosanitarias mínimas" para las zonas de mayor riesgo que se aplicarán en concreto en las comarcas agrarias de Pisuerga, en la provincia de Burgos, Esla-Campos y Sahagún (León), Campos (Palencia), Tierra de Campos (Valladolid) y Campos-Pan (Zamora), aunque se podrán ampliar a propuesta de la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados.

Estas medidas específicas para estas zonas de mayor riesgo se distinguirán según el tipo de parcela, como es el caso del cultivo de alfalfa, donde en las de dos o más años se deberán realizar labores superficiales (grada o rastra) para destruir las galería. En el caso de las parcelas de cultivo mediante siembra directa, habrá que remozar el terreno al menos cada siete años y en reservorios sin cultivo se fomentará la actividad ganadera para limpiar la cubierta vegetal.

Para las vías de dispersión la medida preventiva pasa por minimizar la cubierta temporal herbácea mediante pastoreo, desbroce y otros medios mecánicos para evitar que se acumulen los restos vegetales en superficie.

Cuando se alcancen los niveles de riesgo naranja o rojo habrá que aplicar una serie de actuaciones fitosanitarias de obligado cumplimiento que contemplan el uso de productos rodenticidas autorizados y registrados cuando sea necesario combatir la colonización de topillos en el interior de las parcelas de cultivo, "siempre y cuando esos cultivos ya estén implantados". Marcos se ha referido en concreto a situación de plaga declarada y a los casos en los que las medidas básicas de manejo no hayan dado resultados.

Estas recomendaciones básicas de manejo agrario de obligado cumplimiento para los titulares de las parcelas afectadas por la presencia de topillos contemplan la limpieza de la cubierta vegetal en vías de dispersión como cunetas, lindes, regatos o desagües adyacentes a las parcelas; levantamiento de las parcelas abandonadas de cultivo, perdidos, barbechos, praderas, alfalfas y otros herbáceos plurianuales; arado profundo de los rastrojos y control biológico mediante el fomento de los depredadores naturales a través de la instalación de cajas nido y sistemas de trampeo.

También se aconseja la reducción temporal de la cubierta vegetal herbácea, preferiblemente mediante pastoreo, en reservorios no cultivados, y donde hay cultivo se recomienda el gradeo, "al menos de forma somera", de alfalfas de al menos dos años y el levantamiento de la parcela "si es necesario", además de la creación de bandas de seguridad sin cubierta vegetal herbácea en el borde interior de las parcelas y la instalación de posaderos temporales.

El primer capítulo concreta los tipos de actuaciones a desarrollar como la monitorización y vigilancia del estado de situación y evolución de las poblaciones de topillo campesino; la implementación de un sistema de transferencia de información entre los agentes implicados; la puesta en marcha de un plan de formación y sensibilización y la investigación en nuevas alternativas aplicables a la gestión integrada de estos roedores.

Para la coordinación administrativa se contempla la constitución de un equipo de coordinación formado por técnicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, a través de las direcciones generales de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Política Agraria Comunitaria y del Instituto Tecnológico Agrario, que podrá contar, además, con la asistencia de personal de los servicios territoriales de Agricultura y Ganadería de las provincias afectadas.

También establece la atribución de funciones relativas a esta estrategia a la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados creada en el Decreto 11/2008, de 14 de febrero, por el que se crea el comité científico de lucha contra las plagas agrícolas de Castilla y León.

Marcos ha precisado que este grupo de trabajo de composición científico-técnica se encargará del estudio, desarrollo, supervisión y seguimiento de medidas; el apoyo al establecimiento de los niveles de alerta globales, zonales o particulares que puedan considerarse y el apoyo a la formulación de propuestas y actuaciones en materia de monitorización, vigilancia, prevención y control.