Los investigadores de la URV Aaron Gutiérrez y Antoni Domènech
Los investigadores de la URV Aaron Gutiérrez y Antoni Domènech URV

Los bancos rescatados con dinero público han protagonizado cerca del 65% de los desahucios por ejecución hipotecaria en Catalunya tras la crisis, según un estudio de investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona con datos de 2015 y 2016.

Actualmente estas viviendas ya no están en manos de los bancos, sino que los han vendido a fondos de inversión internacionales, "unos fondos buitres que son grandes propietarios que gracias a esta crisis han podido acumular todo este stock", que en gran parte está en barrios vulnerables que se verán afectados, ha explicado a Europa Press el investigador Aaron Gutiérrez.

"Estos fondos pasan a ser los principales propietarios de vivienda del país", ha reflexionado el investigador, que ha considerado que la mayor parte de la legislación que se ha hecho después de la crisis ha facilitado esta venta y ha protegido a estos fondos, que además tienen un tratamiento fiscal que los favorece.

Recoge este estudio el libro 'Paisatges després de la batalla. Geografia de la crisi immobiliaria', en el que los investigadores Aaron Gutiérrez y Antoni Domènech -profesor y doctorando de la URV, respectivamente- han concluido que la crisis inmobiliaria ha profundizado las desigualdades sociales, "encarnizándose con las familias que menos tenían y los barrios más vulnerables".

La obra, que se presentará este jueves en el Institut d'Estudis Catalans (IEC) en Barcelona, es el resultado de una línea de investigación iniciada en 2015 en el grupo de Análisis Territorial y Estudios Turísticos-Gratet y ha dado lugar a la publicación de nueve artículos científicos en revistas internacionales.

REGISTRO DE LA LEY CATALANA

Los datos de las estadísticas oficiales sobre desahucios no permiten analizar este fenómeno por barrios, ante lo que los autores tuvieron que explorar nuevas fuentes de datos: por un lado, siguieron por Internet las viviendas procedentes de desahucios, que pasan a manos de los bancos y éstos los ponen a la venta a través de sus filiales inmobiliarias, que los publican en sus webs.

Los investigadores hicieron un vaciado sistemático de los datos de hasta 14.000 viviendas en manos de bancos, incluyendo su ubicación y características, y con esta fuente analizaron una muestra del 35% del total de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias.

Por otro lado, pidieron a la Generalitat el registro de viviendas vacías que promovió la aprobación de la Ley catalana contra la emergencia habitacional -suspendida y recuperada-, que ubicaban 46.000 viviendas vacías en manos de los bancos, entre las que había 9.000 de obra nueva -sobre todo periferias y litoral-, y 37.000 de segunda mano, desahucios.

Descubrieron que cerca del 65% de los pisos estaban en manos de entidades financieras que habían sido rescatadas con dinero público.

Guitérrez ha reflexionado sobre el hecho de estas viviendas se habrían podido destinar a alquiler social, pero no ha sido así, y actualmente hay más pisos procedentes de hipotecas en manos de grandes fondos de inversión que destinados a vivienda social.

Los estudios publicados utilizaron tres escalas de análisis: a nivel estatal, según municipio de Catalunya y, en una tercera, analizando la distribución por barrios de las ciudades de más de 100.000 habitantes.

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