Posteriormente, y hasta la actualidad, la instalación "ha cambiado de propiedad en cuatro ocasiones y se ha procedido a la apertura de varios expedientes sancionadores. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente llegó incluso a denunciar el asunto en la Fiscalía ante la posibilidad de que se pudiera haber producido un delito contra el medio ambiente". Si bien, la Fiscalía procedió al archivo de la denuncia en marzo de 2017.
Por otro lado, el propietario actual de la planta había sido sancionado con 45.000 euros y "tenía la obligación de presentar un plan de retirada de los residuos almacenados en las instalaciones y también de entregarlos a un gestor autorizado". El plazo de presentación del plan y del inicio de la retirada de residuos "finalizó la pasada semana sin que se llevara a efecto por parte de la empresa". Consecuentemente, la Consejería de Medio Ambiente "aplicará multas coercitivas hasta su retirada total".
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