Mientras los taxistas de Madrid y Barcelona protagonizan sendas huelgas indefinidas en demanda de que sus respectivos gobiernos autonómicos impulsen nuevas medidas de regulación para los vehículos de transporte concertado que operan para empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, Cabrera ha defendido ante los medios de comunicación las medidas impulsadas en la ciudad hispalense para que la misma se "adelante" a este conflicto, toda vez que este mismo martes se habría celebrado una reunión entre el Gobierno local del PSOE y las principales asociaciones de taxistas de Sevilla.

Y es que a comienzos del pasado mes de diciembre, recordémoslo, las principales asociaciones de taxistas de Sevilla y el Consistorio hispalense acordaban crear un grupo de trabajo en torno al entonces recién promulgado Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular y limitar las autorizaciones de VTC si así lo deciden.

Para ello, dicho real decreto estipula un régimen transitorio de cuatro años para que las comunidades autónomas y los municipios adapten las normativas, periodo en el que los VTC podrán seguir operando como hasta ahora en el ámbito urbano.

En cualquier caso, el pasado mes de diciembre el sector del taxi de Sevilla y el Ayuntamiento apostaban por crear un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, las principales ciudades y la Junta de Andalucía para el desarrollo del citado decreto estatal, para establecer un "marco regulador común que permita una competencia leal entre el taxi y las VTC". Para ello, las asociaciones del sector realizarían sus propias propuestas en el seno de este foro de trabajo, del que habrán de emanar medidas a aplicar desde la Junta o los ayuntamientos.

De hecho, los taxistas de Sevilla capital no se han sumado a la huelga protagonizada por sus compañeros de Madrid y Barcelona, a quienes sin embargo apoyan, y siguen participando de este foro común de trabajo.

CABRERA DEFIENDE LAS MEDIDAS

Al respecto, Cabrera ha defendido que ya antes de este nuevo repunte del conflicto que enfrenta a los taxistas y los VTC, y que en la capital andaluza se ha traducido en diversas movilizaciones y paros del sector del taxi, las últimas en noviembre, el Ayuntamiento ha adoptado medidas como la asignación específica de agentes de la Policía Local en el aeropuerto o la estación de trenes de Santa Justa para impedir situaciones de intrusismo o competencia desleal, así como el "control de acceso" de los VTC a determinadas calles del casco histórico.

"Como gobierno tenemos que defender al sector (del taxi). Se ha intentado mantener un equilibrio entre los dos sectores y hace dos años ya se solicitó a la Junta una regulación expresa sobre el tiempo de precontratación de los VTC", ha insistido el concejal, exponiendo que ahora la idea es solicitar la declaración del taxi como servicio de "interés general" para que goce de mayor protección e "intentar que la Junta regule ambas cosas y los estacionamientos", al objeto de que los VTC no puedan circular "cuando no estén en precontratación".

Así, y de nuevo señalando el grupo de trabajo creado con el sector local del taxi para el desarrollo del mencionado decreto Ley, ha manifestado su deseo de que "haya una homegenización (de medidas) en Andalucía, para que los ayuntamientos tengan una base normativa y por fin se ponga paz a estos dos sectores", para que los mismos "desarrollen su labor sin que haya fricciones por medio".

EL CONFLICTO DEL TAXI

Y es que el sector del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir repetidamente en incumplimientos de las normativas, pues la actual regulación les impide transitar por carriles reservados al transporte público o circular a la búsqueda aleatoria de clientes, mientras estos últimos advierten de situaciones de coacción, amenazas y ataques por parte de taxistas.

En el marco de este conflicto, la Policía Nacional tiene como investigados a más de 32 taxistas por supuestos casos de acoso, violencia y amenazas a conductores de VTC e incluso a otros taxistas, toda vez que fruto de estas pesquisas policiales, el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ha incoado una causa en la que figuran como investigados los principales dirigentes de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, por supuestas prácticas coactivas para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, regida por una tarifa única.