La institución colegial, que ha felicitado a Marín por su nombramiento, le ha pedido también que tenga "sensibilidad" para llevar a cabo "las necesarias mejoras que necesita el sistema judicial en la provincia de Jaén".

El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya, ha apuntado en un comunicado que "los juzgados en la ciudad de Jaén presentan en la actualidad una enorme dispersión, que perjudica notablemente el trabajo de los profesionales y confunde a los ciudadanos".

Además, ha recordado que la administración andaluza gasta anualmente más de un millón de euros en pagar alquileres de sedes judiciales, por lo que construir la Ciudad de la Justicia será "una inversión razonable y beneficiosa" para las arcas públicas a medio plazo. "Es importante que todos trabajemos juntos para encontrar pronto una nueva ubicación y poder acometer cuanto antes un proyecto tan necesario y demandado por la sociedad y todos los operadores jurídicos", ha dicho el decano.

Además, Vicente Oya ha trasladado al nuevo consejero que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados va a mantener sus reivindicaciones para conseguir la mejora de las retribuciones que perciben los abogados andaluces del turno de oficio.

"Una vez que conseguimos con el anterior Gobierno normalizar el calendario de pagos del turno de oficio, es necesario dar un paso más, dignificar el baremo y conseguir que estos letrados reciban un pago justo al gran trabajo que realizan", ha indicado, al tiempo que ha incidido en la necesidad de que "cada año se incremente la partida presupuestaria de justicia gratuita para que este baremo se pueda ir actualizando anualmente".

Finalmente, desde el Colegio de Abogados de Jaén se ha pedido al nuevo Gobierno andaluz que siga apostando por el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria (SOJP), que recuperó la financiación de la Junta de Andalucía hace poco tiempo, tras años sin dotación presupuestaria.

Este servicio ofrece un asesoramiento jurídico especializado de forma gratuita a las personas que se encuentran cumpliendo condena en prisión. De esta forma, los abogados se desplazan hasta el centro penitenciario para ofrecer orientación sobre temas como clasificación, permisos, libertad condicional, procedimiento sancionador o trabajo penitenciario, además de asesorar en dudas sobre cumplimiento de las penas o incluso en la redacción de solicitudes y recursos.