Así lo han manifestado este lunes dos de los investigados en declaraciones a los medios. Los activistas -vinculados a la plataforma Defensem els Drets Humans y al movimiento BDS País Valencià (Boicot, Desinversiones y Sanciones) a Israel- estaban citados en la Ciudad de la Justicia a declarar como investigados en un proceso que se encuentra en fase de instrucción, tras la querella presentada por el Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación, que pide cuatro años de prisión para los ocho investigados.

Los activistas han llegado a los juzgados arropados por un grupo de simpatizantes, que les ha aplaudido a su entrada y salida del edificio. Los hechos investigados se remontan a la edición de 2015 del festival de reggae Rototom de Benicàssim (Castellón), que invitó a actuar al cantante. Una campaña iniciada por el BDS País Valencià criticó la actuación del artista "sionista" por "justificar un Estado -Israel- que practica el apartheid y la limpieza étnica", según denunciaron públicamente. Aunque el certamen canceló el concierto, rectificó y volvió a invitar al artista.

Tras declarar ante el juez, dos de los investigados, Inma Milán y Carlos Marcos, han explicado que se han acogido a su derecho a no declarar. "Pensamos que participar de esta acusación es entrar en su juego de instrumentalización de una causa política legítima no violenta", han aseverado, antes de asegurar que están "tranquilos".

En esta línea, han asegurado que "la acusación no representa al colectivo judío" y, como "no son representantes de nada", los investigados no se sienten "con el deber de declarar".

Han indicado que no tenían conocimiento de la existencia de la asociación denunciante ni sobre "quién está detrás".

"USO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

La querella se fundamenta "en una cosa bastante peligrosa que es la libertad de expresión" y la acusación popular adjunta "una barbaridad de tuits, tuits públicos que no se han ocultado en ningún momento y que están ahí para la comprobación de todo el mundo y del juez", han explicado.

Los activistas han defendido que hicieron "uso de la libertad de expresión para una campaña legítima de apoyo al movimiento BDS y de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional".

Uno de los abogados de los ocho activistas -cinco de ellos valencianos y tres residentes en Cataluña-, Joan Bertomeu, ha asegurado que los argumentos de la querella son "bastante difusos". "Lo que hay son muchos tuits que tienen un contenido que, desde luego, la interpretación que tienen no la veo en ningún lugar a nivel jurídico", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que la "acusación popular no representa a nadie, no representa a la comunidad judía, y que simplemente aquí hay un intento de utilizar el proceso penal para lo que es coartar la libertad de expresión y todo movimiento que sea solidario con Palestina y al BDS en su conjunto", ha añadido.

"UN ARTISTA QUE HA DEFENDIDO CRÍMENES DE GUERRA"

Los activistas han incidido en que, en el marco de las actuaciones confirmadas para la edición de 2015 del Rototom, "se cuestionó que un artista que ha defendido crímenes de guerra como el ataque a la Flotilla de Libertad tocara en un festival que dice que es baluarte de defensa los derechos humanos", han destacado.

El Rototom "está comprometido con los derechos humanos" y "un año antes del concierto había invitado al propio movimiento BDS PV y al periodista valenciano David Segarra a participar, era muy incoherente y no tocaba que le invitara (a Matisyahu)", han apuntado.

Desde la campaña hablaron previamente con el festival y después se hizo "uso de la acción pública civil de la ciudadanía no violenta" para "solicitar por favor que el Rototom, un festival especialmente comprometido, no contratara a este artista". Han defendido que se "siguieron los protocolos que se siguen en todos los boicots culturales a lo largo del mundo", han asegurado.