Según ha informado la Conselleria en un comunicado, se trata de un servicio dirigido a personas implicadas en un procedimiento judicial que funciona desde hace 30 años y que hasta el año pasado, fecha de la primera concertación, era financiado por subvenciones anuales.

La renovación de este concierto social aporta una garantía de continuidad y estabilidad tanto al servicio, incluido en la Cartera de Servicios Sociales de las islas durante esta legislatura, así como a sus usuarios y a la entidad que lo desarrolla.

La concertación también supone la consolidación de la ampliación del servicio, que durante el año 2018 ha pasado a ofrecerse también en los juzgados de Ibiza, Inca y Manacor, además de Mallorca y Menorca.

El Servicio de Atención Social en los Juzgados atiende personas afectadas por un procedimiento judicial penal o civil abierto, ya sean acusadas, víctimas, denunciantes, demandantes o testigos, con el objetivo de orientarlas y evitar la reincidencia en el delito o conflicto.

En la firma también han estado presentes el director general de Planificación y Servicios Sociales, Andreu Horrach, y el responsable del Servicio de Atención Social en los Juzgados, Bernat Aguiló.