Los grupos con presencia en la cámara legislativa regional han votado a favor de dicho decreto ley durante la sesión plenaria celebrada este jueves, 20 de diciembre, en la cámara legislativa regional.

Según ha explicado en su intervención ante el pleno la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, el decreto ley, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 20 de noviembre, surge después de que en los últimos meses algunos alcaldes hayan manifestado la necesidad de mejoras del suministro eléctrico en zonas fundamentalmente rurales de la región.

Así, la modificación legislativa permite añadir a la norma actual unos nuevos parámetros para medir los índices mínimos de calidad en el suministro y obliga a las empresas suministradoras a invertir en aquellos municipios donde se produzca un incumplimiento de esos mínimos de calidad.

También, y en el caso de que se mantengan los incumplimientos, se introduce con el cambio legislativo la posibilidad de que haya sanciones a las empresas suministradoras.

GARANTÍAS

Con el decreto ley, según la consejera, se pretende garantizar que las empresas distribuidoras realicen el suministro de acuerdo a sus necesidades y en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste.

Asimismo, en caso de existir deficiencias en el suministro, las empresas distribuidoras quedan obligadas a adoptar medidas concretas que permitan subsanar las deficiencias indicadas, concediendo también el decreto Ley a la Administración Autonómica las herramientas necesarias para poder llevar un control adecuado de tales circunstancias e incluso sancionar a las empresas por su falta de actuación.

De esta forma, el decreto ley fija unos valores mensuales máximos, aplicables por municipios, de TIEPI y NIEPI (número y duración de las interrupciones de suministro eléctrico), según la zona a la que corresponda cada municipio.

Para aquellos municipios cuyos valores mensuales de TIEPI y NIEPI superen, en dos o más meses naturales consecutivos, los valores máximos establecidos, las empresas distribuidoras tendrán que presentar ante el órgano competente en materia de energía de la Junta de Extremadura, en un plazo de dos meses, medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones.

Asimismo, deberán incluir dichas medidas en sus Planes de Inversión de forma que, frente a otras posibles previsiones de inversión, deberán dar prioridad a aquellas medidas necesarias para subsanar la deficiente calidad de estos municipios rurales.

El incumplimiento en dos o más meses naturales consecutivos, de los valores mensuales máximos del TIEPI y NIEPI o el incumplimiento de las medidas de actuación presentadas, conlleva una multa de hasta 60.000 euros. Por otro lado, si no se presentan las medidas correctoras exigidas podrá sancionarse a la empresa distribuidora con multa de hasta 600.000 euros, ha expuesto García.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha manifestado que espera que la fórmula de los decretos leyes no se convierta en una forma de gobernar de aquí a final de la legislatura.

No obstante, Domínguez ha reconocido que la motivación del mismo está bien hecha, ya que persigue que los usuarios extremeños, vivan donde vivan, tengan una equidad en cuanto al suministro eléctrico, toda vez que es "inconcebible" que se sigan produciendo cortes.

Asimismo, ha mostrado su deseo de que el decreto ley no tenga problemas en un futuro de legalidad, aunque, en su opinión, el mismo está "bien hilado" y ha encontrado un método con el que la administración más cercana al ciudadano pueda intervenir en relación al suministro eléctrico.

Por su parte, la diputada de Podemos Jara Romero ha manifestado que en su grupo están "cansados" de hablar de cuestiones como la despoblación y la emigración de jóvenes, que se achaca a la falta de empleo y oportunidades, aunque, en su opinión, estos aspectos también guardan relación con la brecha tecnológica o la inadecuada red eléctrica de la región en pleno siglo XXI.

Así, ha dicho que con estas condiciones no se puede frenar el abandono de los pueblos, por lo que ha abogado por que este decreto no debe representar el fin sino el principio de la defensa de la vida en los entornos rurales de la región.

En esta línea, Jara Romero ha dicho que el mercado de la electricidad es uno de los negocios "más rentables" y ha criticado la situación "rocambolesca" que se produce cuando los políticos que tienen que redactar leyes entran a formar parte de los consejos de administración de las eléctricas.

En el turno del PP, el diputado José Antonio Echávarri ha manifestado que su grupo comparte la argumentación del decreto ley, que persigue acabar con los cortes "constantes" y variaciones en la tensión eléctrica que vienen sufriendo algunos de los pueblos del entorno rural extremeño.

Así, ha considerado que es necesario corregir este tipo de deficiencias, ya que todos los extremeños tienen el derecho a recibir un servicio eléctrico de calidad vivan donde vivan.

No obstante, Echávarri ha indicado que hubiera preferido que este decreto ley se hubiera tramitado no mediante esa figura parlamentaria sino por el procedimiento ordinario de una ley, ya que la razón de urgencia no la ve demasiado "clara" su grupo, aunque había que tomar medidas en este sentido y las que contempla el decreto son las "adecuadas", ha dicho.

Por su parte, el diputado socialista Andrés Moriano ha aseverado que los extremeños necesitan contar con un suministro eléctrico de calidad y continuo, tanto para satisfacer sus necesidades personales como las de los negocios.

Así, ha llamado la atención ante los "graves perjuicios" que sufren los municipios de la región por unos cortes del suministro eléctricos que deben ser combatidos.