Según el auto dictado el 17 de diciembre por el juez instructor Alfonso Peralta, se han observado indicios de criminalidad entre los detenidos, quienes "estarían implicados de forma concertada y coordinada en una trama que duró cerca de 10 meses en el año 2016" en la que se habrían hecho con tarjetas para su falsificación y realización de "cargos indebidos, no autorizados y fraudulentos" en tarjetas españolas y extranjeras, así como la ocultación y encubrimiento de las ganancias obtenidas de tales delitos.

De los indicios averiguados, se ha determinado que supuestamente desde enero a octubre de 2016, los investigados como siendo responsables de alguna manera de diferentes locales como como pubs, restaurantes, talleres, clubs de alterne u hostales de Vera, Mojácar, Almería y Cuevas del Almanzora -Villaricos y Palomares- habrían sido utilizados como "pasadores", esto es, como los encargados de realizar cargos de importes por altas cantidades a través de datáfonos en tarjetas de crédito falsificadas pertenecientes a decenas de entidades bancarias. Dicha operativa fraudulenta "habría supuesto hasta el 55 por ciento de la facturación" en los comercios.

El instructor apunta la existencia de un "posible plan criminal o concertación" entre los acusados, que se enfrentan a penas individuales de hasta 21 años de prisión, no sólo para la realización de cargos fraudulentos, sino también para el encubrimiento y ocultación del dinero ilícitamente obtenido.

En este sentido, destaca los pases continuos de las mismas tarjetas "en escasos segundos o minutos" por los "mismos importes en distintos comercios", la utilización en distintos comercios de la misma tarjeta "en el mismo momento o muy próximo de tarjetas previamente denegadas en otros", y el mismo modo de actuación además de las conexiones entre todos los investigados, bien a través de relaciones familiares,comerciales y mismo origen en algunos casos.

Según se desprende de la investigación efectuada a través de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Sección Medios de Pago, Grupo II, de la UDYCO Central de la Policía Nacional, dichas operativas fraudulentas "podrían alcanzar una cifra de más de 460.000 euros", mientras que hna sido confirmadas por como cantidades de tentativa de fraude "de cerca de 140.000 euros que habrían sido frustrados, de operativas intentadas y denegadas por las entidades bancarias o procesadoras, y más de 80.000 euros de fraude consumados".

"MÁS DE 500 OPERATIVAS"

La trama que presuntamente orquestaron los investigados O.G.G, D.S.M, F.M.A, M.E.M.M, A.G.A y J.G.G. a través de las distintas sociedades se habría servido de "más de 500 operativas de tarjetas de crédito pertenecientes a 50 entidades bancarias" para detraer las cantidades defraudadas. Las entidades perjudicadas habrían tenido que asumir la devolución de dichas cantidades

Entre los bancos emisores afectados, 22 serían españoles o con sede o sucursal en España, y 28 extranjeros pertenecientes a países como Estados Unidos, China, India, Australia, Hong Kong, Alemania, Suiza, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Francia, Austria, Canadá, Reino Unido y Puerto Rico. "Todo ello, de forma indiciaria, en el presente estado procesal y sin perjuicio de mejor cálculo, sumaría 137.979,1 euros de tentativa de fraude y 81.089 euros de fraudes consumados".

CAPTACIÓN DE TARJETAS EN UN CLUB DE ALTERNE

La investigación indicad que a través de un club de alterne se habría utilizado supuestamente los datáfonos de diferentes sociedades por los investigados para la realización de la falsificación y clonación de tarjetas de crédito o la realización de cargos no autorizados de forma fraudulenta, así como en ocasiones para ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero obtenido.

Así, según se desprende de las pesquisas instruídas, el fallecido A.R.G., A.G.A. y J.G.G se habrían puesto en contacto con el resto de investigados, habrían pedido los TPV a cambio de pagos y comisiones, y habrían diseñado y organizado el entramado que se investiga para poder realizar los cientos de cargos indebidos en las tarjetas de crédito de cientos de titulares y pertenecientes a decenas de bancos españoles y extranjeros, así como posteriormente ocultar el origen ilícito de los ingreso.

La investigación partió de la denuncia de un perjudicado, que relató que junio de 2016 se encontraba en una fiesta en al que realizó una compra por un importe de 83 euros, produciéndose a su vez ese mismo día y en ese mismo local cargos sin su consentimiento por valor de 10.710 euros, pese a que "no se desprendió en ningún momento de su tarjeta". A esta denuncia le siguió otra interpuesta de otro hombre que contrató servicios de prostitutas con varios cargos sucesivos que sumarían 260 euros, aunque se le reflejaron cargos por valor de 1.522 euros.

En cuanto a las conexiones entre los investigados, el juez apunta a que en sus declaraciones han reconocido conocerse entre sí, de forma que incluso "algunos de ellos han reconocido los hechos".

Así, O.G.G., a través de sus restaurantes habría servido el catering o comidas al club de alterne y a las prostitutas así como a A.R.G. y a J.G. Este acusado reconoció que supuestamente le habrían pedido los datáfonos de sus restaurantes a cambio de un pago de 3.000 euros, llegando admitir que ingresó hasta 68.000 euros. Este tipo de prácticas se habría dado entre el resto de implicados.