Asegura, en esta línea, que él "no tenía competencias a la hora de establecer el canon" que pagaba de las arcas municipales a Elsur ya que estas correspondían a los técnicos del Área de Mantenimiento y Obras Públicas, y asegura que sus responsabilidades se "limitaban" a ser "uno más de los consejeros" ya que se trataba de una "empresa privada, no sometida ni a control ni contabilidad pública".

Así se recoge en el escrito de defensa, consultado por Europa Press y elevado al Juzgado de Instrucción 2 de Almería en el marco del caso Poniente en el que la Fiscalía calcula que se detrajeron de las arcas públicas casi 71,5 millones de euros entre 2002 y 2009.

Alemán está acusado de un supuesto delito de malversación de caudales públicos en concurso con uno de falsedad continuada en documento mercantil, un delito de cohecho pasivo propio continuado, y otro de prevaricación continuada, al margen de 16 delitos fiscales. Se enfrenta, así, a 42 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, multas por importe de 49 millones de euros y una indemnización de 49,8 millones de euros.

Con respecto a su relación profesional con algunas de las subcontratas de Elsur, Alemán admite que podría plantearse un "problema de incompatibilidad" pero que esto no conllevaría una responsabilidad penal "sino de régimen disciplinario, para lo cual el Ayuntamiento debería de haberla declarado e incoado el correspondiente expediente sancionador".

El citado escrito, que muestra su "total oposición" a la relación "plagada de errores" de hechos efectuada por las acusaciones "por no corresponder con lo instruido ni con la realidad de los hechos", nada dice para explicar el origen del millonario patrimonio que la investigación judicial atribuye a Alemán haber amasado en este tiempo aunque sí cuestiona duramente su enjuiciamiento.

Apunta como "indicativo" que quien fuera concejal de Hacienda desde 2003 a 2005 y consejero de Elsur durante cinco años "jamás nombró en ninguna de las denuncias" contenidas en las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a Alemán, "dejándolo al margen de las mismas, suponemos que porque conocía de primera mano" el procedimiento para la fijación del canon del Elsur.

La defensa alude, asimismo, a la existencia de una causa general y de hecho avanza el planteamiento de ocho cuestiones previas en el acto de juicio para solicitar la nulidad del proceso. En una de ellas, alega que la investigación de las conductas del exinterventor y el procedimiento seguido contra el mismo "está viciado por ser resultado de una pesquisa general, fruto de una investigación prospectiva generalizada y prohibida constitucionalmente".

Alemán, que propone comparezcan en la vista oral, entre otros, diez testigos protegidos y pide la práctica de numerosas periciales y documentales, también arguye la existencia de dilaciones indebidas ya que las diligencias de investigación se incoaron en 2007 y la operación explotó en 2009, y una prolongación "excesiva" del secreto sumarial "sin causa que lo justificara y causando indefensión".

También argumenta que los 16 delitos fiscales de los que se le acusa y que suman 52 años de prisión y multa de 46,4 millones de euros habrían "prescrito", que se ha producido "ruptura de la cadena de custodia" y que hubo detención "irregular" que derivó en su ingreso provisional en prisión aunque quedó en libertad a los nueve meses tras pagar una fianza de 600.000 euros.

El Juzgado de Instrucción 2 de Almería ha concluido la fase intermedia del procedimiento abreviado en el caso 'Poniente' después de que haya concluido este viernes el plazo para presentar los escritos de defensa. Las actuaciones, a la espera de que se resuelvan algunos recursos de apelación aún pendientes de sustanciar, serán remitidas ahora a la Audiencia Provincial para iniciar la fase de juicio oral.

50 PROCESADOS Y PENAS TOTALES DE 1.545 AÑOS DE PRISIÓN

Por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y la multinacional Abengoa, el exalcalde Juan Enciso (PAL) también se enfrenta a penas que suman 64 años de prisión y 42 años de inhabilitación. Hay un total de 50 procesados para los que se pide un total de 1.545 años de prisión y 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos. El importe total de las multas asciende a 884 millones de euros.

La acusación indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".

Sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.

"A cambio de prebendas económicas, Enciso, como alcalde y presidente del Consejo de Administración del Elsur, y Alemán, como exinterventor y a la par vocal del citado consejo, hicieron caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio", apunta para precisar que el segundo "autorizaba, a sabiendas, el gasto, una vez contabilizado, y el primero autorizaba con su firma las resoluciones donde se ordenaban los pagos del canon anual incrementado ficticiamente".

Según se describe en el escrito, Abengoa procedió, a través de sus 12 directivos acusados en la causa y "puestos en dichos cargos para facilitar" los comportamientos ilícitos, a "beneficiarse ilícitamente" del dinero público que era la "principal fuente de ingresos" de la empresa mixta y lo hizo a través de la facturación al Ayuntamiento por servicios de mantenimiento "dentro del canon anual" y por servicios y obras "fuera de canon".

En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, José Amate o Juan Antonio Galán fundamentalmente. El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.

Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación". El Ministerio Público subraya que, aparte de un "importante patrimonio inmobiliario", destinaron el dinero ilícito a gastos "de lujo" como vehículos de alta gama, joyas o viajes, "que le hacían disfrutar de un alto nivel de vida".