La solicitud, registrada en la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, está firmada por la Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva), la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, FACUA-Consumidores en Acción de Castilla y León, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid 'Antonio Machado', la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE), el sindicato CGT Valladolid y Ecologistas en Acción.

El periodo de exposición pública en diciembre es, según estos colectivos, "socialmente inhábil" para estudiar "las innumerables modificaciones en el documento de la revisión del Plan General y un nuevo planteamiento de ciudad al abandonarse definitivamente el plan Rogers", lo que hace necesario más tiempo para que el proceso de participación "merezca tal nombre".

La apertura de una segunda Información pública ha comenzado con el preceptivo anuncio público en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) el pasado 4 de diciembre, con un plazo de un mes que finalizará el 4 de enero de 2019.

En primer lugar, indican que el mes de diciembre ha comenzado, justo nada más publicarse el anuncio en el BOP, con el denominado "puente de la Constitución" y continuará con todas las "fiestas navideñas que dificultan cualquier tipo de trabajo voluntario hasta el 8 de enero".

Junto a los inconvenientes detectados por los firmantes por causas de calendario existen, en segundo lugar, otros "de similar importancia y de gran calado" que tienen que ver con los cambios experimentados en el Plan y en su documentación tras el estudio de las alegaciones y otras revisiones realizadas de oficio por el propio Ayuntamiento.

"Ya indicamos en la presentación de nuestras alegaciones en el primer periodo de exposición pública en diciembre de 2017, que la documentación relativa al denominado Plan Rogers no era válida porque se hablaba de asunción parcial de dicho Plan sin determinar qué partes se asumían y cuales se modificaban", han señalado las siete organizaciones sociales.

"En la documentación actual se cambia, creemos que para bien, de criterio y se apuesta por reformular el planeamiento de toda la operación. Lógicamente hace falta más tiempo para estudiar esta nueva documentación que afecta de forma decisiva a la ciudad", han añadido.

Una importancia similar tiene para ellos, en tercer lugar, "otros cambios en la documentación que entran de lleno en el tipo de ciudad que queremos configurar. Sirva como ejemplo lo ocurrido con la Memoria Vinculante asociada al Plan".

Además, inciden en que la Memoria Vinculante presentada a la anterior información pública constaba únicamente de 133 páginas, mientras que la expuesta ahora para su estudio tiene 256 páginas y dos capítulos nuevos", indican los siete colectivos vecinales, sindicales, ecologistas, de ciclistas, de consumidores, de protección de la salud y urbanistas de la ciudad.

Por estas razones, según ASCIVA, AVAATE, CGT, Ciudad Sostenible, FACUA, la Federación vecinal y EA, el nuevo procedimiento debería contar con un periodo de participación pública similar al anterior de 2017, que fue de tres meses, y, en ningún caso, debería finalizar antes del 4 de febrero de 2019.