En Palma siguen sin Justicia

  • Los funcionarios de Justicia continuarán la huelga.
  • No han conseguido avances en la negociación con el Ministerio.
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Los sindicatos de funcionarios de los organismos de justicia en Mallorca y en las Comunidades Autónomas que no cuentan con las competencias transferidas continuarán la huelga tras no lograr ayer un acuerdo con el Ministerio de Justicia para mejorar el aumento salarial del complemento específico, si bien el Gobierno se ha comprometido a estudiar la posibilidad de introducir algunas mejoras a su propuesta inicial.

El departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo estudiará --en consultas con el Ministerio de Economía y Hacienda -- la posibilidad de introducir una reducción en los tiempos de pago de la subida salarial, así como de garantizar que dicho incremento se cumplirá en el caso de completarse el proceso de transferencia de las competencias a las CC.AA y analizar la posibilidad de alcanzar los 400 euros en el complemento específico.

Continuarán los paros hasta el día 22

Así lo manifestaron ayer los portavoces de CC.OO y CSI-CSIF. Javier Hernández y Mercedes Gómez, respectivamente, quienes explicaron que el Ministerio ha convocado una nueva reunión de la mesa de negociación para el miércoles por la tarde, y detallaron que si bien se han planteado estas hipótesis, el departamento dirigido por Mariano Fernández Bermejo continúa en la oferta de mejora retributiva fijada en 180 euros cuyo pago sería efectivo en 2010.

Hernández explicó a la salida de la reunión que mantuvieron los representantes de los funcionarios y el Ministerio de Justicia que la huelga continuará "con todas las acciones previstas" y aseguró que los trabajadores de los funcionarios de justicia continuarán los paros declarados hasta el día 22 "si fuera necesario".

Además, el portavoz de CC.OO añadió que la única aportación en firme del Ministerio es el "compromiso" de continuar la mesa de negociación y recordó que cualquier mejora de la oferta del Ministerio tendrá que ser votada por las asambleas regionales, quienes tendrán que dar "un sí rotundo" para poder alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

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