Así lo ha acordado la sala tras retirarse a deliberar sobre la cuestión previa planteada en este sentido al inicio de la vista por el abogado defensor, que ha argumentado que este tribunal ya había intervenido en fases anteriores del procedimiento, de modo que podrían verse vulnerados aspectos como la imparcialidad o la tutela judicial efectiva.

Y aunque la fiscal y el letrado de la acusación particular se han opuesto a este planteamiento, tras un receso para debatir esta cuestión, los magistrados han considerado que la defensa tiene razón, al haber intervenido la Sección Primera en una cuestión previa de la causa, con lo que podría verse afectada la imparcialidad a la hora de resolver.

En consecuencia, han decidido que devolverla al turno de reparto para que se tramite conforme a la norma y se remita a la Sección Tercera de la AP.

A este cambio se oponía el ministerio público, pues el tribunal no había entrado a valorar "el fondo" del asunto, por lo que no entendía que se viera vulnerada su imparcialidad a la hora de decidir si se había cometido o no el delito denunciado.

ACUSACIONES

Según la Fiscalía, el procesado dejó de pagar de manera "sistemática y deliberada" 161.275 euros a la Seguridad Social en 2013 y 169.719 euros en 2014.

Por ello, le considera autor de dos delitos de defraudación a la Seguridad Social y solicita una condena, por cada delito, de dos años de cárcel y multa de 661.990 euros, y que no pueda obtener subvenciones o ayudas públicas ni gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro ejercicios.

Junto a ello, la fiscal también pide que la empresa sea condenada a una multa, por cada uno de los dos delitos, de 330.995 euros, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social de 330.995 euros que deben pagar solidariamente el acusado y su empresa.

La propia Tesorería ejerce acusación particular al entender que la empresa del acusado, que fue inscrita en la Seguridad Social en septiembre de 1997, "ha incumplido sus obligaciones en materia de cotización prácticamente desde su alta inicial, en concreto desde septiembre de 1998, lo que dio lugar a reiteradas actuaciones de la Inspección de Trabajo". Según su escrito, el acusado ha mantenido de alta a 21 trabajadores en 2013 y a 24 en 2014.

En estos ejercicios, "de manera consciente y voluntaria" el acusado "con un ánimo manifiestamente defraudatorio" en connivencia con terceros -empresas que eran titularidad de los mismos socios y otras personas físicas- eludió el pago de todas las cuotas de Seguridad Social -tanto la empresarial como la obrera.

Por ello, la acusación particular le considera autor de un delito contra la Seguridad Social y pide una condena de tres años de cárcel, la pérdida de beneficios fiscales y subvenciones durante cuatro años y una multa de 992.985 euros, la misma cuantía de la multa que también pide que sea impuesta a la empresa del acusado.

Y pide que ambos -acusado y empresa- deben indemnizar a la Tesorería, a juicio de la acusación particular, en 330.995 euros.