La defensa del exasesor solicita que sea declarado despido nulo "por vulneración de derechos fundamentales o, subsidiariamente, improcedente y por acoso laboral". Esta semana se produjo un acto de conciliación pero no se alcanzó un acuerdo y el caso irá por vía judicial. La fecha ya está fijada y el juicio comenzará el 23 de enero, según ha confirmado a Europa Press la abogada de la defensa, Alma Pantiga.

El exasesor, nombrado como secretario del secretario primero de la Mesa de la Cámara aunque realizaba funciones de prensa y relación con los medios de comunicación, fue cesado el día 26 de octubre, estando de baja desde el día 30 de septiembre como consecuencia de una crisis de ansiedad. En su carta de cese se manifiesta que "el secretario primero de la Mesa de la Junta General solicitó en fecha 22 de octubre" dicho cese, según se incluye en la demanda.

La defensa, coordinada desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), señala que el exasesor prestó servicios para Foro y para la Junta General desde el 1 de junio de 2015 hasta el 26 de octubre de 2018 a jornada completa.

"En su nombramiento figura como personal eventual para el puesto de secretario de Mesa cuando las funciones que realmente realizó en todo momento eran las propias de 'Jefe de Reporteros' y la naturaleza de dicho contrato es laboral", argumentan desde la defensa en su escrito de demanda.

A su vez, tiene suscrito un contrato laboral de 8 horas semanales con el partido político, "el cual no se ajustaba a la realidad puesto que realizaba más horas que las firmadas", sostiene la defensa, añadiendo que "no existe diferenciación entre uno y otro contrato puesto que el trabajador en todo momento ha realizado las mismas funciones".

Además, afirman en la demanda que desde el verano de 2017 "el partido político, principalmente la persona de Don Francisco Álvarez-Cascos u otras dirigidas por él, están llevando una labora de hostigamiento y acoso contra el trabajador sin motivo alguno".

"La Junta General del Principado de Asturias como empleadora no ha tomado las medidas adecuadas para poner fin a dicha situación ni ha tenido control directo" sobre la situación del exasesor "en relación al número de horas que este trabajaba, si disfrutaba o no de vacaciones, control de asistencia, etc.". "La dependencia real era del partido político ahora demandado", apuntillan en la demanda.

Junto un relato de diversos episodios a modo de ejemplo de los hechos denunciados, la defensa afirma que la situación de "acoso laboral" que ha vivido le ha supuesto "diversos problemas a nivel físico y psíquico los cuales le han causado un grave perjuicio", haciendo referencia expresa a "estrés continuo" que ha derivado "en depresión y ansiedad, así como altos niveles de tensión".

La defensa solicita una indemnización de 24.000 euros por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicho acoso. Asimismo, entiende que "el despido ha de reputarse nulo a lo preceptuado en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores puesto que ha habido una vulneración de derechos fundamentales consistente en el acoso laboral sufrido".

"El responsable directo de dicha situación ha sido Don Francisco Álvarez-Cascos puesto que ha sido el ordenante de todas las actuaciones que ha tenido que sufrir", apuntan, remarcando que la responsabilidad se hace extensible "tanto el partido político 'Foro Asturias de Ciudadanos' como la Junta General del Principado de Asturias, como responsables por no haber tomado las medidas adecuadas para poner a fin dicha situación".

"En cuanto la responsabilidad de la Junta General del Principado de Asturias por la omisión como empleadora se plasma en que en ningún momento ha tenido un control directo", resalta la defensa, argumentando que el parlamento "no ha tenido un conocimiento de cuántas horas extraordinarias ha realizado", ni tampoco ha comprobado "que la función efectivamente realizada sea la de asesoramiento y no la de personal laboral de partido" ni ha realizado "un control de asistencia".

Tampoco la Cámara ha aplicado "la normativa de Prevención de Riesgos Laborales", ni ha llevado un control "mediante cuadrantes", ni ha controlado "si el trabajador ha disfrutado o no de vacaciones". "Únicamente ha procedido al pago mensual de sus retribuciones", explica. Por ello, solicita que se proceda a condenar a la Junta General "de forma solidaria".