Esta nueva ley sustituye a la del año 2001 y, entre sus novedades, contempla que cualquier empresario podrá instalar en suelo rústico una empresa agroindustrial o relacionada con el turismo, el ocio, las energías renovables o toda actividad relativa a la denominada economía verde y circular.

Además, por primera vez se tiene en cuenta la perspectiva de género y que las personas pasan a ser la unidad de medida frente al tradicional urbanismo, el metro cuadrado. Igualmente, prevé regularizar los asentamientos rústicos, entre otras medidas.

El diputado relator del dictamen del proyecto de Ley debatido en la Comisión Medio Ambiente, Rural, Territorio celebrada el pasado 23 de noviembre, el 'popular' de José Antonio Echávarri ha detallado que en su seno han comparecido los representantes del sector que han planteado "múltiples" propuestas, muchas de las cuáles han quedado reflejadas en las enmiendas presentadas por los grupos.

De ellas 106 corresponden al Grupo Parlamentario de Podemos, de las que finalmente se han aprobado 62 enmiendas; 30 al Grupo Popular, de las que se han aprobado 24; y 37 del Socialista, de las que se han salido adelante 35.

En la defensa de sus propuestas, el diputado de Podemos Eugenio Romero, ha señalado que esta nueva ley viene a sustituir una norma "obsoleta" y que por ello no presentó enmienda a la totalidad, sino que pretendía "mejorarla en la medida de lo posible" a través de estas enmiendas parciales.

En ellas, la formación morada proponía, entre otras cuestiones, que los costes ambientales sean tenidos en cuenta, así como medidas para evitar la especulación; añadir plazas de aparcamiento accesible próximos a edificios de interés o suprimir barreras arquitectónicas.

EVITAR "ABUSOS" URBANÍSTICOS

Por otro lado, ha señalado que esta ley estaba "llamada a ser la primera ley del suelo con perspectiva de género", ante lo cual ha señalado en su intervención que habría que esperar a ver el resultado de las votaciones. En todo caso, entre sus enmiendas propone, entre otras medidas, facilitar el acceso a la vivienda de mujeres en tanto que son, ha destacado, víctimas de la brecha salarial y por tanto tienen mayor dificultad de acceso al mercado inmobiliario.

Para evitar casos como el de la isla de Valdecañas, proponen no desarrollar ningún PIR en zonas protegidas, el deber de reforestación en casos de incendios así como impide la recalificación de los terrenos afectados para cualquier actividad que no sea el forestal.

En definitiva, un conjunto de enmiendas que vienen a "concretar" cuestiones de la ley con el fin de "evitar abusos en materia urbanística" que se han producido en la región.

APUESTA POR LAS RENOVABLES

En defensa de sus 30 enmiendas, el diputado 'popular' Miguel Cantero ha señalado que la labor de su grupo se ha centrado en atender la particularidades de la geografía extremeña, marcada por la dispersión. Una treintena de enmiendas con las que se pretende hacer la ley compresible al ciudadano y que suponga "un elemento de consulta" para los extremeños y un "acicate" para el desarrollo de la comunidad.

Asimismo, ha definido esta nueva ley como una "apuesta definitiva" por las energías renovables en el desarrollo urbanístico, pero de una forma regulada bajo el amparo de la Administración regional.

También hace referencia a cuestiones que "preocupan" en muchos puntos de la región como son los asentamiento irregulares, y se ha mostrado a favor de suprimir la posibilidad de expropiación de solares si no se construye en un plazo de 24 meses, algo que, según ha dicho, no se ha dado en los últimos 17 años con la anterior ley, pero que sigue "latente".

En materia de igualdad ha defendido que "ni la discriminación positiva ni positiva son buenas" y, por tanto, no comparte que se legisle a favor de la igualdad desde la "desigualdad", y en concreto ha señalado que no entiende que los horarios del transporte público, como así se recoge en la misma, que sea algo "vital" para el movimiento de las mujeres en las ciudades.

ATRAER INVERSIONES PARA CREAR EMPLEO

Por su parte, el diputado socialista Juan Antonio González ha destacado la participación y el debate desarrollado en el trámite parlamentario de esta Ley, que espera que sea una "herramienta que facilite el día a día de la inmensa mayoría de la gente", al tiempo que ha destacado que impulsa la "simplificación administrativa" en la ordenación de territorio, en tanto que alivia cargas burocráticas.

En cualquier caso, ha señalado que la "clave de bóveda" de esta norma es la generación de desarrollo y la creación de empleo, en el sentido de que pretende crear las "condiciones idóneas para atraer inversiones y facilitar la instalación de empresas" con el objetivo último de que los jóvenes extremeños puedan quedarse en su tierra.

En esta línea, ha resaltado la autonomía con la que se dota a los ayuntamientos, sin importar su tamaño, a la hora de otorgar licencias o facilitar la llegada de inversiones. A este respecto, ha subrayado que la LOTUS permite que el suelo rústico sea compatible con actividades como el turismo, la agroindustria, las energías renovables siempre que el suelo no esté afectado por una protección ambiental.

Finalmente, González ha destacado el "buen tono" de todos los grupos parlamentarios, conscientes de que se necesitaba una nueva ley del suelo que se adapte a la "nueva realidad socioeconómica" de la comunidad.

UNA "BUENA" Y "NECESARIA" LEY

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha justificado su ausencia en la tramitación de la norma y que no haya presentado enmiendas parciales aludiendo a los motivos de salud que la han mantenido temporalmente apartada de la actividad parlamentaria, si bien se ha mostrado a favor de modificar la anterior ley y ha felicitado a los grupos parlamentarios por el trabajo realizado sobre el texto elaborado por la Junta de Extremadura.

En concreto, considera que el nuevo texto agiliza trámites y hace más "inteligible" la ley para los técnicos y políticos, por lo que, en definitiva, es "una buena ley que Extremadura necesitaba".