El objetivo "final", como ha afirmado la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, es la traslación a la ciudadanía de los conceptos de reducción de emisiones a la atmósfera, "economía circular" y uso eficiente de la energía, con el fin de promover la transición hacia el uso "intensivo de energías renovables, el autoconsumo eléctrico ya sea de origen solar o eólico y la incorporación de cualquier otro tipo de energía procedente de fuentes renovables en los usos diarios".

El objetivo de este nuevo texto regulador, como ha apuntado Sánchez, es el establecimiento de condiciones objetivas que permitan una intervención eficaz dentro del ámbito de sus competencias, de cuantas actividades, situaciones e instalaciones, sean susceptibles de producir "emisiones de gases, humos, vapores, polvos y emanaciones de cualquier tipo, con el fin de lograr que la contaminación atmosférica sea mínima".

El Reglamento cuyo proceso de derogación comienza hoy, precisaba, según el equipo de Gobierno, "una puesta al día urgente" ya que diferente normativa, europea, nueva legislación básica del Estado y normativa autonómica, "habían creado lagunas por derogación indirecta que complicaban enormemente su aplicación en el día a día".

Por otra parte, la ratificación por parte del Ayuntamiento de Valladolid del Pacto de los Alcaldes requería de un cierto grado de traslación normativa para tener la adecuada cobertura legal a la hora de aplicar requisitos de descarbonización no solo a las actividades del propio Ayuntamiento, sino al resto de las actividades de la ciudad.

Todos estos elementos suponen "un reto de conocimiento y de aplicación" de las mejores tecnologías disponibles que afectarán en el tiempo a todos los sectores implicados profesionalmente y de manera solidaria a los diferentes servicios técnicos de la Administración Local en la tarea de ajustar los procesos en una línea que implique la reducción efectiva de las emisiones de CO2 "a medida que se incremente de forma paulatina el uso de energías de origen renovable, de una forma eficiente, que evite el exceso de potencia instalada y el mal uso de las fuentes primarias".

También el uso de las mejores tecnologías disponibles en los procesos industriales, de manera que se reduzcan a cero las emisiones de compuestos procedentes de estas actividades.

Según fuentes municipales, tanto el preámbulo como la exposición de motivos del nuevo texto regulador, "son un magnífico exponente para ir conociendo e internalizando los retos de adaptación hacia el futuro que la nueva Ordenanza promueve".

Del mismo modo que en su momento el viejo Reglamento, constituyó en sí mismo un elemento disruptivo que permitió eliminar de la trama urbana "combustibles sucios como el carbón o el 'fuel oil', y reducir a un mínimo el uso de otros como el gasóleo en las calefacciones", este nuevo documento pretende "operar de la misma manera fomentando la evolución de las distintas actividades humanas hacia un futuro sin emisiones de agentes contaminantes a la atmósfera".

El documento comienza por regular de manera normalizada los procedimientos y documentación necesarios para acceder al otorgamiento de licencia ambiental para aquellas actividades con incidencia en el medio ambiente. También se define la Red de Control de la Contaminación Atmosférica como herramienta fundamental destinada a la monitorización de la calidad del aire.

En el capítulo segundo, se refiere a los distintos emisores de posibles elementos contaminantes, como los generadores de calor urbanos para uso residencial (calefacciones), los fuegos abiertos (parrillas), las calderas individuales y las máquinas de aerotermia, la industria, o actividades dispersas como los talleres mecánicos, las panaderías, tintorerías, vehículos de reparto y plantas especiales de construcción de carreteras o corredores ferroviarios.

Uno de los títulos de la ordenanza señala la existencia de un Plan de Acción para su aplicación en situaciones de mala calidad del aire, aprobado por el Consistorio a principios de 2017.

También se señalan las infracciones y sanciones, que en el caso de vehículos a motor están reguladas por el reglamento sancionador de tráfico, mientras que para los restantes focos emisores se contemplan multas de hasta 750 euros por infracciones leves, entre 751 y 1.500 euros en el caso de que sean graves y entre 1.501 y 3.000 euros si son muy graves, acompañadas las dos últimas por suspensiones temporal de la licencia o la clausura de la actividad, respectivamente.

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