'Mi casa no es mi cárcel' es el lema con el que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y sus entidades, entre ellas La Rioja sin Barreras, han dado a conocer la campaña #Arrestópolis.

En Logroño, medio centenar de personas se han concentrado frente a la Delegación de Gobierno con el objetivo, ha explicado Fuertes de "tratar de evitar" que su "propia vivivienda se convierta en una cárcel por no tener accesibilidad".

Viviendas que carecen de ascensor, o con peldaños hasta llegar al mismo, La Rioja sin Barreras señala que "todavía existen problemas para que la comunidad de vecinos" pueda efecturar mejoras.

Esta entidad incide en que la mayoría son barreras que se podrían remover con voluntad política y concienciación ciudadana. Así, pide garantizar la accesibilidad universal en todos los edificios de viviendas, haciendo especial hincapié, siempre que sea posible, en que se lleven a cabo reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas como pueden ser un elevador o un salvaescaleras.

Actualmente, la Ley de Propiedad Horizontal plantea que tendrán carácter obligatorio, y que no requerirán de acuerdo previo de la Junta de Propietarios, la realización de obras y actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal cuando sean requeridas por los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años.

Sin embargo, se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Esta limitación provoca que obras como la instalación de ascensores no sean de carácter obligatorio al superar, generalmente, estas doce mensualidades.

De este modo, piden modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la actual limitación económica de doce mensualidades de gastos de la comunidad y que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad solicitadas por personas con discapacidad o personas mayores de setenta años de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras reformas ineludibles derivadas de las condiciones estructurales, la estanqueidad, la habitabilidad y la seguridad.

También, que se establezcan ayudas concretas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ante lo costoso que supone su implantación.

Así mismo, que estas ayudas estén más presentes en los inmuebles antiguos, puesto que, por cuestiones arquitectónicas, son los que necesitarán un mayor trabajo a la hora de llevar a cabo las reformas de accesibilidad necesarias.