El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové por los delitos de malversación y desobediencia, mientras por ahora descarta abrir una causa al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por el 1-O.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC designa a la magistrada Maria Eugènia Alegret para investigar a Jové, al que por el momento atribuye solo los delitos de malversación y desobediencia, pero no el de descubrimiento y revelación de secretos ni el de prevaricación que también apuntaba la Fiscalía.

La sala descarta, por el contrario, investigar a Pere Aragonès, de ERC, después de que la propia Fiscalía Superior de Cataluña afirmara que no veía suficientes indicios para imputarlo por la organización del 1-O, en un escrito que remitió al TSJC.

El auto del alto tribunal estima así, parcialmente, la exposición razonada que le remitió el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, para que imputara a Aragonès y a Jové -uno de los detenidos por la Guardia Civil en la operación del 27 de septiembre pasado-, dada su condición de aforados por su cargo de diputados del Parlament.

El alto tribunal catalán mantiene en su auto que en su exposición razonada el juez instructor no detalla "los concretos actos referidos a la esfera de responsabilidad" de Aragonès, secretario de Economía cuando se organizó el 1-O, que "habría realizado u omitido para sostener la realización del referéndum".

Ello, según el TSJC, "impide aceptar -por ahora- su investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse si en el curso de la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado remitente apareciesen elementos probatorios" que lo justificasen.

La sala recuerda que el Tribunal Constitucional notificó a Aragonès la suspensión del referéndum unilateral y le advirtió de su deber de impedir o paralizar cualquier actuación que supusiera eludir o ignorar la suspensión acordada.

En el caso de Jové, el TSJC cree que existen indicios que lo relacionan "con la hoja de ruta prevista para alcanzar la independencia de Cataluña por la vía unilateral, contra las sentencias y mandatos del Tribunal Constitucional y con la asistencia al referéndum convocado por el Govern".

Entre esos indicios, la sala apunta a la posible participación de Jové en el "comité ejecutivo del entramado" creado por el Govern "y otros actores", desde 2015, para conseguir la independencia de Cataluña "tras la realización de un referéndum de autodeterminación y prescindiendo de las leyes y de los mandatos del Tribunal Constitucional".

Para el TSJC, también existe una "eventual responsabilidad" de Jové en la organización del referéndum, en el que "se invirtieron, directamente o mediante personas interpuestas, fondos públicos, o bien se comprometió el correspondiente gasto, por una suma aún por determinar", lo que considera podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.

Asimismo, la sala sostiene que Jové podría ser autor de un delito de revelación de secretos, por la utilización ilícita del fichero de datos personales de la población de Cataluña del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) para el referéndum unilateral.

Según el TSJC, Jové firmó el 28 de febrero un convenio de colaboración con el Idescat que autorizaba a la entidad a remitir al departamento de Vicepresidencia, trimestralmente, el fichero del registro de población de Cataluña "para la gestión y actualización de esos datos por medio de una conexión informática segura".

En opinión del tribunal, el Idescat entregó a Vicepresidencia el 1 de abril del año pasado el registro de población "con el fin de ser utilizado para la celebración del referéndum del 1 de octubre" y el Departamento de Vicepresidencia que gestionaba Jové -añade el auto- lo trasladó al de Gobernación.

La sala recalca que a ese fichero "tuvieron acceso múltiples personas, ya que con él se confeccionaron las listas de electores adscritos a los colegios electorales, el nombramiento de cargos para las mesas electorales y tarjetas censales del referéndum suspendido y los sistemas informáticos de votación".

Por la cesión del censo del 1-O, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona mantiene imputado al director del Idescat, Frederic Udina.